Los ministerios de Educación Universitaria y del Trabajo firmaron un acta de homologación de la IV Convención Colectiva del Sector Universitario con una organización oficialista, una suerte de acuerdo del Gobierno consigo mismo. En un contexto de malestar generalizado, protestas y de desinformación, se suscribió secretamente ese convenio de contratación colectiva.

Las cláusulas del mencionado convenio se desconocen, mientras las expectativas de la muy vulnerable población universitaria (conformada mayoritariamente por mujeres y personas de la tercera edad) están concentradas en el pago del referido bono.

El Observatorio de Universidades (OBU) expresa su preocupación por la progresiva afectación de la dignidad de trabajadores, profesores y estudiantes de las instituciones de educación superior que han quedado desamparados ante la indiferencia de las autoridades y gremios controlados por el propio Gobierno.