Hubo un tiempo en que los trabajadores del sector público en Venezuela podían vivir dignamente de su salario. En las universidades del Estado, sus profesores, empleados y obreros, contaban con un sistema de seguridad social decente que les permitía mantener alimentada a su familia, gozar de una jubilación ajustada a la realidad económica del país y, ante una emergencia de salud, tener la oportuna asistencia médica para preservar su vida y la de los suyos.

Ya no es así. Esa realidad se ha disipado en los últimos años. La situación de pobreza se ha agravado en estos duros tiempos de pandemia sazonada con escasez de gasolina.

La convención colectiva de los trabajadores universitarios (el gobierno centralizó y fusionó a todos los sectores, profesores, empleados y obreros, en una sola contratación) está vencida desde hace tres años y quienes han suscrito acuerdos con el gobierno son gremios afines ideológicamente al oficialismo, escogidos por el propio patrón.

“La póliza de hospitalización, cirugía y maternidad que tenemos apenas cubre 1 millón 500 mil bolívares, ¿qué se hace con eso? Hace tiempo que no tenemos atención médica porque la empresa del Ministerio, Sismeu, paga ese monto y además ha incumplido con las deudas a las clínicas, allí no nos reciben si llegamos con una emergencia. El Sismeu contrató a Seguros Constitución, pero tampoco cumple. Estamos a la deriva, pidiendo Dios que no nos enfermemos porque nos va a tocar caer en un hospital y sabemos lo que eso significa en Venezuela”, explica el directivo del Sindicato de Obreros de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Darwin Rangel.

Tabulador lejos de la realidad actual

El salario de un mes de un obrero universitario alcanza para comprar un kilo y medio de queso blanco o unos quince limones, fruta cuyo precio se disparó a raíz de la pandemia. “Dependemos de un tabulador que no se ajusta a la realidad del país. Hay compañeros vendiendo café en las calles o cargando cajas en los supermercados, porque en la universidad ganamos un poco más de 3.5 dólares al mensuales” afirmó Rangel. Según él, en la UCLA había 1.100 obreros hace unos tres años, entre jubilados y activos, y calcula que ahora deben quedar unos 400, quizás menos.

Los últimos datos recogidos por el Observatorio de Universidades (OBU) sobre la situación de los trabajadores universitarios son preocupantes y, en medio de la pandemia COVID-19, cuando la inflación ha arreciado, la situación de vulnerabilidad con respecto a 2019 es peor. La población que está en los renglones adulto y adulto mayor de las casas de estudio superior es la que está más afectada en lo que a alimentación se refiere. En la encuesta del Observatorio de Universidades «ENOBU 2019», en lo que respecta al sector obrero, 77 % no consume proteína animal diariamente, su dieta se basa en los siguientes productos: arroz o pasta (69 %, así lo afirmó), granos (37 %) y pan o arepa (90 %).

La misma ENOBU 2019 arroja que 34 % de los obreros de las universidades del estado Lara (una realidad que no difiere del resto del país) padece alguna enfermedad. Entre las más comunes están la hipertensión y la diabetes, lo cual sumado a un cuadro de mala nutrición es altamente riesgoso para estas personas. Cuando lo requirieron, 38 % de los obreros de la entidad no tuvo acceso a servicio alguno de atención primaria en los centros médicos, mientras que 85 % tuvo dificultad para conseguir medicamentos. En las condiciones de la actual crisis esto puede agudizarse. Al consultarles si le han rechazado el seguro médico al momento de utilizarlo, 52 % dijo que sí. De ellos, 70  % expresó que se debió a la poca cobertura.

El obrero universitario trabaja con las uñas

Darwin Rangel trabaja en el decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA desde hace 25 años y es el secretario de Deportes de SOUCLA. En cuanto a las condiciones de trabajo, reconoce que también son muchas las carencias para este sector. “Muchos obreros se han ido, renunciaron o simplemente se fueron sin renunciar. No hay incentivos, es como si no hubiera dolientes en la universidad. No tenemos sistemas de seguridad, higiene y protección como botas, guantes, batas; hay riesgo en los laboratorios y en las zonas de campo de la universidad. Estamos expuestos a picaduras de culebras, a contacto con reactivos químicos, donde los hay. Los de vigilancia son los primeros sospechosos cuando hay robos, los llaman a declarar a la policía y les hacen pasar malos ratos. Ni siquiera cuentan con un sistema de comunicación con los cuerpos de seguridad”, destacó Rangel.

La merma en la nomina del personal obrero trae consigo otra preocupación para las universidades: no hay generación de relevo y quienes quedan, son los que están próximos a jubilarse. El dirigente gremial asevera que es denigrante sentir que luego de tantos años de servicio no exista una justa retribución para los trabajadores cuando llega la fecha del retiro, y la remuneración mensual es irrisoria. “Las prestaciones sociales de hoy no alcanzan ni para comprar una licuadora. Asumimos un compromiso con la Universidad y con el país, debería haber una remuneración acorde con todo ese  tiempo que le hemos brindado a la institución”, indicó Rangel.