En este mundo globalizado, gran parte de la universidad pública venezolana no existe. Hablar de su posicionamiento en internet parece un sinsentido, dada la ausencia en la web de un grueso número de las casas de estudio superior que dependen financieramente del Estado. Las páginas de varias de estas instituciones, algunas de larga tradición como la Universidad del Zulia (fundada en 1891), la Universidad de Carabobo (1892), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (creada en 1983, aunque ya existían institutos pedagógicos como el de Caracas, desde 1936 o de Barquisimeto, desde 1959) o la Universidad de Oriente (1958), desaparecieron del ciberespacio.

El drama de los dominios .edu.ve

La extensión del dominio .edu.ve se mantiene en muy pocas de las universidades nacionales sin que la empresa Cantv, principal proveedora del servicio de Internet en el país, dé explicaciones del porqué de esta irregularidad en varias instituciones académicas. Este “ninguneo” virtual atenta contra los llamados derechos digitales y la visibilidad del conocimiento, que en el caso de las universidades está preservado en las revistas científicas electrónicas, cuyo acceso se da a través de las páginas institucionales.

Estas revistas científicas deben cumplir con exigentes parámetros de calidad para ingresar a los principales índices internacionales que monitorean los procesos editoriales garantes de la validez del conocimiento científico publicado en ellas y del manejo ético de sus contenidos. Producto de un largo proceso de cumplimiento de esas normativas, muchas publicaciones venezolanas han logrado la indexación en plataformas de reconocido prestigio como Redalyc, Latindex, Doaj, Redib, Clase, Periódica, Scopus, Elsevier, Scielo y Dialnet, entre otras, pero entre las exigencias de permanencia está la presencia constante en la web. Eso no ocurre así.

Solo la Universidad de Los Andes tiene más de 100 revistas que divulgan conocimiento de las más diversas disciplinas. Muchas de esas publicaciones tienen décadas de funcionamiento. La Universidad Central de Venezuela tiene un repositorio de 57 revistas, mientras que la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado cuenta con 16. Aun así, muchas de estas publicaciones ya no están disponibles en la web. Algunas de las universidades autónomas y otras que han logrado elegir a sus autoridades, han conseguido apoyo foráneo para colocar sus publicaciones en plataformas internacionales que garantizan su visibilidad.

No obstante, aún quedan muchas otras casas de estudio que no han logrado la ayuda internacional para preservar su patrimonio intelectual y eso preocupa a los editores que ven como una amenaza la situación de conectividad o, lo que es peor, la intervención del gobierno a las instituciones.

Falta de conectividad, una piedra de tranca para la investigación universitaria

Para el sociólogo Carlos Meléndez Pereira, director del Observatorio de Universidades (OBU), la situación de conectividad en Venezuela atenta contra la libertad académica. “La digitalización en la investigación universitaria es un fenómeno avasallante en la sociedad global y eso hace que la ciencia que se produce en las casas de estudio superior dependa de sus capacidades tecnológicas instaladas. El mundo de la producción científica se construye en el espacio virtual, se intercambia y se distribuye en el ámbito digital. Sino se está allí,  no se existe, se está muerto”, afirma.

Meléndez sostiene que esta precarización asfixiante que provocó el Estado venezolano significa un grave problema en el contexto de la Venezuela actual. “Los parámetros de medición, la construcción de proyectos, de artículos, de redes de investigación se encuentran en un ámbito muy competitivo. La grave circunstancia de los servicios públicos, del fluido eléctrico y de internet atenta contra la investigación universitaria en el país que para la fecha ya se encuentra bastante deteriorada”.

De las universidades cuyas autoridades son designadas por el gobierno, son muy pocas las que tienen revistas científicas. Varias de esas publicaciones de las universidades bolivarianas o “socialistas” dejaron de circular hace más de tres años y no están registradas en los índices internacionales, que es uno de los parámetros de calidad académica de los rankings mundiales, como el de la Universidad de Jiao Tong, de China.

“En el marco de un conjunto sistemático de violaciones al derecho a la educación es difícil hablar de libertad académica para el desarrollo del conocimiento. La restricción de este tipo de libertad en Venezuela, como en otros países dictatoriales, es similar a las restricciones aplicadas para otro tipo de libertades”, explica el director del OBU.

Restricciones financieras permanentes

Las restricciones de carácter permanente, afirma el sociólogo Méléndez, las encontramos en la asfixia presupuestaria para impedir y limitar las posibilidades de compra de tecnología, de licencias, de revistas; también en la imposibilidad de contar con servidores que soporten el cúmulo de información que se produce en la academia, en la falta de políticas que protejan los laboratorios y recursos de la universidad. “Las membresías son parte de los parámetros de medición de calidad y el gobierno incumple con ello. Los otros impedimentos pueden llegar a ser de carácter judicial; la persecución a profesores que investigan en áreas vinculadas a los derechos humanos, a los que son activistas políticos y desde su rol como docente asumen una posición política institucional en contra del gobierno”.

En estas circunstancias, a causa de las políticas gubernamentales, se generan impedimentos para el desarrollo de la investigación. Estas limitaciones, dice Meléndez, tienen matices por tipo de universidad. Por ejemplo, lo que ocurre en las  autónomas y algunas experimentales que lograron desarrollar espacios de autonomía entre los años 60 y el 2000. “Han sido muy duros con las que han logrado crecer cualitativamente sin el tutelaje oficial, esas que con limitaciones han podido investigar, aún con las graves violaciones a sus derechos, y sobre todo, con las que han confrontado al gobierno.

Hay otras instituciones que nacieron bajo los criterios restrictivos como las bolivarianas, donde se entiende lo universitario como instancias de adscripción política; estas tienen un rezago mucho más grande que las otras, porque la investigación significa el riesgo de ahondar en los problemas del gobierno, escudriñarlo y eso no es propio de una universidad, según las autoridades que se agrupan en la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL), finaliza el profesor Meléndez.