El ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, anunció el “reimpulso” de su política de prosecución de las actividades académicas en medio de la pandemia, según la cual y de acuerdo con el método del 7 x 7 para el control de la extensión de la cuarentena que ha establecido el Gobierno, los docentes se reintegrarán a las clases virtuales y presenciales “con bioseguridad”. De acuerdo con los planes oficiales, los profesores generarán debates para analizar la situación del país y la Ley Antibloqueo que el mandatario Nicolás Maduro envió a la Asamblea Nacional Constituyente.

Trómpiz ha establecido lo que denomina los siete vértices del Ministerio de Educación con los cuales las actividades académicas se reactivarán en el país. El que aparece con el número 1 en la lista del ministro es el plan “Universidad en Casa”, que se anunció cuando se declaró el estado de alarma en marzo de 2020. El referido plan establecía en su primera fase una serie de estrategias para continuar las clases de manera virtual, solo que la realidad del país en materia de servicios eléctricos y de Internet, además de la falta de equipos de profesores y estudiantes, anunciaba de antemano su inaplicabilidad.

El Observatorio de Universidades (OBU) realizó la encuesta Enobu en la que refleja que 35 % de profesores y 33 % de los estudiantes de todas las universidades públicas del estado Lara (la entidad con el mayor número de instituciones académicas en todo el país), no tuvieron posibilidad de conectarse a Internet en 2019.

La misma encuesta evidencia que si bien 75 % de los profesores y 81 % de estudiantes tienen teléfonos inteligentes, solo el 28 % de los docentes dijo que le alcanza el plan de datos hasta el fin de mes y 20 % aseguró que nunca le alcanza;  mientras que el 27 % de los estudiantes dijo que pocas veces le alcanza el plan de datos para 30 días y 17 % afirmó que nunca le alcanza.

Estos datos son de 2019, lo que no deja dudas de que esta situación haya empeorado o en el mejor de los casos sea igual en 2020 con respecto al año anterior, ya que la situación del país se ha agravado durante la pandemia.

Curiosamente, desde el mes de mayo ni en las redes sociales oficiales ni en la página Universidad en Casa, creada cuando se inició la cuarentena, hay información de cuánto se avanzó en el referido plan, de acuerdo con los datos del Monitor del OBU.

Si se considera que en los últimos meses ha empeorado la situación del servicio eléctrico en varios estados como en Nueva Esparta, que sufre dos racionamientos diarios de cinco horas cada uno, o Táchira, donde la suspensión de electricidad es de hasta 12 horas por día distribuidas en tres tandas, no hay posibilidad de considerar el éxito de la continuidad del programa de clases a distancia o de “teleducación”, como anunció Trómpiz.

Promover una “batalla de ideas” con salarios de dos dólares al mes

El otro vértice es el llamado plan Universidad Bella, con el que se llevaría a cabo la ornamentación, reparación y adecuación de la infraestructura de las universidades. Sólo en el Núcleo de Sucre y en la escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oriente, el hampa ha destrozado implacablemente las instalaciones de esta casa de estudios. La reparación de estos daños sería muy costosa. Según la información oficial, solo en cuatro universidades se ha llevado a cabo el plan Universidad Bella (en tres bolivarianas y en la Universidad de Oriente, según el Ministerio). No hay información sobre cuáles fueron los criterios para la escogencia de estas instituciones ni qué fue lo que se hizo, ya que la UDO en Sucre sigue desmantelada en casi su totalidad y sin electricidad.

El tercer vértice anunciado por Trómpiz es la “Batalla de ideas universitarias”  para generar opinión sobre la situación del país con el tema de la COVID 19 y “sumar ideas académicas a la Ley Antibloqueo” que el Gobierno anunció para recuperar la economía.

Los gremios de profesores y trabajadores de las universidades autónomas e incluso de algunas bolivarianas han reiterado que no se reintegrarán a clases tanto por las precarias condiciones salariales (entre  2 y 4 dólares al mes gana un profesor categoría asociado), como por razones de seguridad ante la posibilidad de contagio, así que luce poco viable, incluso en las universidades oficialistas, que los docentes se arriesguen a sumarse a la “Batalla de ideas universitarias”.

Vivir bien sin comedor ni transporte

El cuarto vértice es la “Batalla universitaria por la salud”, con el que desde el Ministerio se espera monitorear la presencia de los universitarios en los hospitales y demás centros de salud, contando para ello con la Fundación de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES) y la inclusión de becas.

En el histórico de los estudios sobre las condiciones de vida hechos por el OBU se evidencia que el servicio médico de la universidad es el menos utilizado, porque es el que menos funciona. Los estudiantes de las universidades están en condiciones de vulnerabilidad,  37% de los estudiantes del estado Lara  no recibió atención médica en el 2019 cuando tuvo alguna emergencia.

El quinto vértice con el que el Ministerio proyecta reactivar las actividades académicas en Venezuela es “Vivir bien”, para  “profundizar la gestión de comedores y los servicios de transporte, bibliotecas y becas”. La realidad es que los comedores han dejado de funcionar en prácticamente todas las universidades públicas y en casos como en el de la UDO Bolívar y Sucre fueron desmantelados por delincuentes. Igualmente, tampoco hay unidades para trasladar a los estudiantes.

En la Encuesta Enobu, sólo 16 % de los estudiantes usaron el transporte de su universidad en 2019, cuando no había llegado la pandemia ni había las dificultades actuales para obtener combustible. Con respecto a las becas, para 2019 solo 14 % de los futuros profesionales la recibió y su monto era de dos dólares (75.000 bolívares, aproximadamente). En lo que respecta a las bibliotecas, el panorama tampoco es alentador. El presupuesto anual para la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar es de 55 dólares, según expresaron al OBU sus directivos. Con ese monto no puede comprarse un libro actualizado de las carreras que allí se imparten.

La gestión en tiempos de coronavirus

El sexto vértice es “Transformación en Caritativa: seguimiento de la Misión Sucre y el Plan de Siembra 2020”, del que tampoco se da cuenta de qué es lo que va a hacer el Ministerio al respecto. La Encuesta Enobu refleja que 42% de los estudiantes e igual porcentaje de los profesores (entre los que hay de las universidades bolivarianas) consideran que su universidad está en retroceso.

El séptimo vértice de la lista del ministro Trómpiz es “Gestión de Políticas Académicas: evaluación de las políticas universitarias puestas en práctica en tiempos de COVID-19”. Una revisión a los resultados publicados por el Monitor del OBU evidencia las debilidades en materia de garantías de los derechos a la educación y al trabajo, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Entre julio y septiembre, aún con las restricciones de circulación y el control policial y militar en las calles, los estudiantes realizaron 10 “pancartazos” en protesta por las malas condiciones en que se encuentran sus universidades. En el mismo período, hubo 14 denuncias de violación de los derechos económicos de los trabajadores del sector público universitario. En cuanto a la inseguridad, se registraron 193 hechos delictivos entre robos y hurtos en contra de las instituciones de educación superior dependientes del Gobierno.