A las 7:30 de la noche del sábado 6 de marzo, el director del Programa Administrativo Financiero de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), Omar Oberto Aparicio, envió un mensaje a través de la red Telegram a los rectores de las universidades en el que se les indicaba que el lunes 8 del mismo mes deberían enviar la nómina del personal docente, administrativo y obrero de sus instituciones en formato .txt, con el cual se procesarán los salarios a través de la plataforma Patria.

La medida, que tomó por sorpresa a autoridades y gremios, ameritó una reunión extraordinaria de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) el día domingo, por tanto está en juego la autonomía universitaria en el manejo y control del presupuesto, potestad garantizada en la Constitución y las leyes de la República.

El procedimiento ajustado a la norma desde que se consagró la autonomía de las casas de estudio, es que estas, en su condición de cuentadantes del patrimonio universitario, envían al Gobierno central la data y presupuesto de la nómina y otros beneficios del personal, y el Ejecutivo, con la información detallada que recibe, asigna a estas los recursos con los se cancelan los sueldos y pensiones en las cuentas bancarias de los trabajadores, tanto de las propias universidades como de los organismos de previsión social y cajas de ahorro, cuya nómina depende de los aportes de profesores, administrativos y obreros.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la decisión. Este “tipo de medidas puede configurar violaciones a la autonomía universitaria y los derechos laborales… la autonomía universitaria es un requisito imprescindible para la libertad académica, que comprende a su vez la libertad para expresar opiniones sobre las instituciones y la sociedad”, dijo la instancia de Naciones Unidas en su cuenta de Twitter.

La Averu ha solicitado al ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, una explicación sobre la inusitada medida que obliga a las instituciones por considerarla una “intervención financiera administrativa”. Para la Averu y los gremios de las universidades no controladas por el Gobierno, se trata de otro zarpazo al autogobierno universitario que tiene el fin claro del control absoluto de los centros del saber, donde la crítica se convierte en un obstáculo para un proyecto ideológico en el que no cree la mayoría del país.

Autoridades y gremios coinciden en que se trata de una arbitrariedad

El Observatorio de Universidades (OBU) pulsó la opinión de la rectora de la Universidad del Zulia (LUZ), Judith Aular, y de la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Deborah Velásquez. Ninguna de ellas encuentra el sentido de implementar un sistema paralelo a la forma de pago, salvo el interés de continuar en la escalada de acabar con la autonomía universitaria.

Para la máxima autoridad de LUZ, la decisión del Ministerio lejos de solucionar, atiza la crisis del sector universitario en materia presupuestaria.

En otras oportunidades, cuando se ha usado esa plataforma (Patria) esta no ha sido efectiva; cuando asignaron el bono Simón Rodríguez, más de 1.300 trabajadores entre profesores, administrativos y obreros de LUZ quedaron por fuera. ¿Cómo es eso de pagar sueldos y salarios a través de esa plataforma cuando el presupuesto universitario es y debe ser administrado por la propia universidad?, ella hace la distribución presupuestaria para su funcionamiento, así ha sido establecido en el Artículo 109 de la Constitución y ratificado en la Gaceta Oficial. ¿Qué va a pasar con los otros gastos como la mensualidad que reciben los gremios, los pagos de salud, las fundaciones, las dependencias, facultades y núcleos? Eso es parte de la autonomía universitaria y de todo eso se rinden cuentas.

Judith Aular,rectora de LUZ

La rectora de LUZ informó al OBU que la decisión sobre lo que se hará en los próximos días por parte de las instituciones y gremios afectados por la medida, será tomada luego de una discusión ampliada que se está llevando en cada una de las universidades no controladas por el Gobierno.

No hay una información clara, oportuna, veraz. Solamente, de momento, se habla de sueldos y salarios, pero la universidad no es solo eso. Estamos en una situación de pandemia en la que se necesitan recursos para la bioseguridad. No sabemos si también harán lo mismo con el resto del presupuesto. Eso debió ser discutido en el Consejo Nacional de Universidades, no de esa manera informal e inconsulta. La Averu solicitó una audiencia al Ministro que ya fue recibida, estamos esperando.

Judith Aular, rectora de LUZ

La profesora Deborah Velásquez advierte que se pretende pisotear la autonomía universitaria. “Nos dejan sin la posibilidad de administrar los recursos que nos corresponden. El profesor no tendrá donde acudir en su propia universidad ante cualquier eventualidad en la nómina, y tendrá que esperar no se sabe cuánto tiempo para que se haga efectivo su salario. A la fuerza, nos quieren llevar a un modelo que desde hace tiempo venimos rechazando. Nos preocupa lo concerniente a las retenciones de cajas de ahorro, previsión social y fondo de jubilaciones. ¿Las van a direccionar a dónde? Nuestro personal (de las instituciones parauniversitarias) depende de esos aportes de los profesores, no son empleados del Estado. Se crea un gran problema”, dijo la presidenta de Apucla.

En bloque para defender la autonomía

La presidenta de Apucla y la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) ha rechazado contundentemente la medida del Gobierno.

La ruptura de la relación laboral en las universidades por la pulverización del salario se agrava con la imposición del pago del sistema Patria. Primero, el Ejecutivo Nacional se llevó las prestaciones, luego, los aportes a la seguridad social con el pretexto del sistema único (Sismeu), quebrado e inútil desde un principio. Ahora, el Ejecutivo lesiona gravemente la autonomía universitaria y compromete los aportes a las cajas de ahorro, los gremios y los institutos de previsión de los profesores.

Comunicado de Fapuv

Quien ha tomado esa decisión no tiene la capacidad ni las competencias para sustituir un sistema de nóminas como el que tenemos. Ni el CNU ni la Opsu pueden hacer eso. Seguramente van a decir que las universidades serán las responsables sino hay pago, o que como los profesores no se quieren incorporar a las aulas porque no están dadas las condiciones, entonces no se les paga por el sistema Patria. Hay que revisar todo eso muy detalladamente.

Déborah Velásquez, presidenta de Apucla

Detrás de eso, está sin duda la intención del control total de las universidades. Nos quedaba la parte administrativa, con esta decisión retrocedemos. No les interesa la educación sino acabar con las instituciones. Ellos tienen que revisar esa decisión, los universitarios no vamos a ceder, la autonomía ha costado mucho y vamos a luchar para que eso no se cristalice. Estaremos en un solo bloque en defensa de nuestro derecho a ser libres.

Déborah Velásquez, presidenta de Apucla

El Gobierno responsabiliza a las universidades ante posibles retrasos

En un chat enviado a organizaciones gremiales oficialistas, se anuncia que la medida no afectaría a los trabajadores de las instituciones de educación superior, ya que “la diferencia es que ya las transferencias de nómina no caen primero en la universidad, sino van directo al trabajador, es decir que la 4.01 ya no será manejada directamente por la IEU!! Se acabó la arbitrariedad con esa partida. Se calcula un ‘ahorro’ del 40% en el montón de nómina. Si la universidad coloca un trabajador ‘ficticio’, ese dinero no queda en la universidad, así que pierden el incentivo”, dice el mensaje que supuestamente se basa en lo acordado en un directorio virtual del Ministerio de Educación Universitaria.

José Vicente Hernández, presidente del Consejo Superior de la Universidad Simón Bolívar, instancia oficialista dentro de la USB, dijo que “nadie puede violar el derecho de los trabajadores a recibir su salario. Cualquier retraso en el pago del mismo será atribuible solo a las instituciones respectivas, por incumplir un esquema de ordenamiento de pagos de salarios que es competencia solo del Estado”.