Profesores y rectores advierten que no hay condiciones para el reinicio a clases presenciales
El ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, anunció que se retomarán las clases presenciales en las casas de estudio a nivel superior en Venezuela siguiendo el denominado esquema del 7+7.
No obstante, el funcionario no precisó en qué circunstancias espera el Gobierno que se reactiven las actividades, tomando en cuenta las condiciones en que se encuentran las instalaciones de las universidades públicas, sus equipos, laboratorios, aulas, la vacunación del personal y las condiciones socioeconómicas de profesores y trabajadores.
El mes pasado, Trómpiz sostuvo una reunión con las organizaciones oficialistas Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol), Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) y Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU). Allí, al parecer, se fijaron los parámetros según los cuales se restablecerían el regreso a las aulas.
En su cuenta de Instagram, Trómpiz afirmó después de ese encuentro con sus aliados que para el retorno a clases tiene un “plan de 41 días de trabajo intenso, tanto en el plan Universidad Bella como en todas las fases organizativas de nuestras casas de estudios, para que nuestros estudiantes tengan instituciones fortalecidas en el mes de octubre ejerciendo el derecho de la educación pública, gratuita y de calidad”.
Según Trómpiz, el esquema del 7+7 se llevaría a cabo con clases presenciales en la semana flexible (con un aforo de 40 % de las aulas) y “de carácter teórico”, al parecer de manera virtual, en la semana radical.
No obstante, la reciente encuesta levantada por el Observatorio de Universidades (OBU), acerca de las condiciones de vida de la población universitaria en Venezuela, Enobu 2021, da cuenta de que 83 % de los docentes e igual número de estudiantes considera que su conexión a internet es de regular a mala, lo que hace pensar que la experiencia de clases en la modalidad virtual no será mejor que la que se ha llevado a cabo desde que se declaró el estado de alarma en marzo pasado y que obligó a las instituciones a migrar a las plataformas electrónicas con resultados poco satisfactorios, básicamente para el sector público.
En la Enobu 2021, en la que participaron docentes y estudiantes de todo el país, también se refleja que 23 % de los alumnos de las universidades públicas no ha visto clases durante la pandemia. La falta de conectividad, fallas en el servicio eléctrico (60 % de los profesores y 48 % de los estudiantes no cuenta con el servicio continuo) y la necesidad de salir a ganarse la vida, están entre las principales causas.
Rechazan que el ministerio se desentienda de su responsabilidad
El rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, advirtió que las condiciones de las universidades y de los universitarios venezolanos son muy precarias. Bonucci recordó la responsabilidad de la administración de Nicolás Maduro ante la pérdida de los comedores y becas para los estudiantes, y las condiciones salariales de los profesores y trabajadores del sector.
La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, también ha dicho que no basta con las refacciones que se están haciendo en la Ciudad Universitaria, mientras que otras sedes como las de Cagua y Maracay están en condiciones dehttps://ladeshu.org/2021/06/30/la-ciudad-universitaria-ucv-condenada-al-abandono/plorables. Además, dijo Arocha, aún se adeudan los presupuestos de 2020 y 2021 para todas las instituciones de educación superior que dependen financieramente del Estado.
La rectora de la Universidad de Oriente (UDO), Milena Bravo, denunció recientemente que los recurrentes actos vandálicos han dejado en muy malas condiciones a las instalaciones de la UDO de los cinco estados orientales donde tiene presencia la institución.
“Hay núcleos como el de Sucre donde hay conocimiento por parte de ese ministerio que está devastado y que la barbarie azotó duramente a ese núcleo y no contamos con medios de seguridad para protegerlo. Es imposible e irresponsable llamar a una presencialidad a unos estudiantes donde ni siquiera hay pupitres para sentarlos”, dijo Bravo a la emisora radial Fe y Alegría.
La Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Apucla), que forma parte de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), también ha fijado posición ante el anuncio oficial de retorno a clases presenciales.
En un comunicado hecho público el 22 de septiembre, los representantes gremiales recordaron al Gobierno lo que han perdido en materia de seguridad social y salarial los integrantes de la comunidad académica venezolana durante los últimos años.
“Denunciamos que lo que el gobierno pretende con el llamado a reinicio de actividades presenciales, con la complacencia de algunas autoridades, es fingir un funcionamiento normal de nuestras instituciones sin resolver ni uno solo de los graves problemas que de hecho lo impiden. Y llamamos a la lucha común por la solución efectiva y sostenible de esos problemas para que la vuelta a clases sea una realidad duradera y accesible para todos, estudiantes, profesores, empleados y obreros, sin distingo por razones de situación socioeconómica ni ubicación geográfica”.
En el documento, el gremio profesoral de Apucla destaca que: “En la universidad venezolana, al día de hoy, se quebrantan todos los derechos y conquistas laborales, no se cumplen los beneficios estudiantiles, no se ha verificado la vacunación masiva contra el COVID-19, las condiciones físicas de las facultades están por debajo de los niveles requeridos para su funcionamiento, servicios básicos como agua, fluido eléctrico e internet son intermitentes, no hay seguridad interna, ni existen condiciones presupuestarias para que la universidad cumpla con las medidas de bioseguridad según el área de trabajo. Las universidades han sido sometidas al desmantelamiento de estructuras, aulas, bibliotecas, oficinas, laboratorios, etc., y al robo de bienes y equipos producto del vandalismo. La toma de las universidades por parte del gobierno ha ido avanzando destruyéndolas a su paso”.
“Por solo poner tres ejemplos: 1) Con el pago de salarios por la plataforma patria, las universidades perdieron el control administrativo sobre la nómina con implicaciones nefastas para el personal y para las asociaciones e institutos de previsión que no reciben oportunamente las retenciones, lo que afecta su funcionamiento y el salario de los trabajadores de dichas instituciones. 2) El impedimento para la realización de elecciones de autoridades ha agotado las gestiones y liquidado la democracia universitaria. 3) La política gubernamental de pulverización del salario y de desconocimiento de la intangibilidad y progresividad de los derechos ha generado el éxodo masivo de profesores, enormes dificultades para garantizar el necesario relevo ya que los concursos quedan vacíos y ha llevado a la pobreza extrema a personal activo y jubilado”, dice el comunicado.