En su cuenta en Instagram, el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, anunció el pasado 11 de enero la celebración de un directorio del despacho con todo su equipo. La información que destaca el funcionario es que seguirán “avanzando en este año de celebración del bicentenario de la Batalla de Carabobo”. Hasta el momento de elaborar esta noticia, había en respuesta al post de Trómpiz 143 comentarios que lejos de referirse a la efeméride, hacían casi todos el reclamo de inaccesibilidad a la plataforma oficial de Gestión de Trámites Universitarios (GTU) para obtener citas de validación de documentos académicos con fines de apostillarlos.

La fila de comentarios en la red social de Trómpiz la inicia el usuario @ronnymartinez, quien dice que la página del Ministerio donde se accede al trámite de citas del GTU “solo abre pocas veces al mes y por pocas horas, apenas se pueden bajar certificaciones y todavía sigue el problema del módulo de usuario, muchos no pueden recuperar la clave o hacer registros nuevos”.

En Venezuela, para que un profesional pueda apostillar sus documentos académicos, como notas o títulos obtenidos en universidades públicas (las privadas están exentas de este proceso) por los canales oficiales, debe presentar, previa cita, en las oficinas del Ministerio de Educación Universitaria en Caracas los documentos y pergaminos originales para la validación de las firmas de las autoridades universitarias. Solo así procede la tramitación del apostillado, que se ha descentralizado, pero aquellos que viven en el interior del país deben viajar hasta la capital de la República una vez que hayan logrado la cita en el sistema del GTU.

Violación de la Constitución

Fabiola es trabajadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela y pidió mantener su apellido en reserva porque desde agosto de 2020 está intentando una cita en el GTU. Vive en Barquisimeto y como muchos jóvenes está en la búsqueda de oportunidades que en su país no tiene. Quiere migrar con sus papeles en regla. “Ese proceso (del GTU) es violatorio del artículo 51 de la Constitución Nacional referido a la obligación del Estado de otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. Pero además, eso de las citas para validar documentos del propio Gobierno no está en ninguna parte del Convenio de La Haya de 1961”, afirma.

Las restricciones y la necesidad de los usuarios fomentan procesos ilegales en los que los profesionales se ven obligados a pagar a otros para la obtención del documento del GTU. El costo del trámite varía, según el gestor y sus colaboradores, entre 150 y 180 dólares para cada documento. “Me piden la foto del título y de las notas. Ellos hacen el resto y me envían al correo los papeles con su código de certificación, pero no tengo 360 dólares. Un médico amigo, con especialización en pediatría, pagó 750 dólares”, dijo la trabajadora social.

El proceso de apostillar tampoco es fácil, ya que también funciona con citas y si el día que está asignada la cita la página del GTU para verificar la certificación está caída, el profesional perdió la oportunidad y debe tramitar nuevamente la cita que no es de inmediato.

La abogada Andreína Martínez afirma que el artículo 141 de la Carta Magna venezolana es claro al sostener que la administración pública “se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. Para Martínez, es un contrasentido que el Poder Ejecutivo parta de la falsedad de los documentos emitidos por las autoridades universitarias que son parte del mismo Estado venezolano.

La excepción de validación de las firmas de los títulos de las universidades privadas se debe a que estos ya han pasado antes por el Ministerio que los registra en su base de datos. En este caso, el procedimiento del apostillado se hace en las instancias regionales que dispuso la cancillería o en las propias oficinas de Relaciones Exteriores en Caracas.

Es un hecho que la diáspora de venezolanos que aspiran una vida digna se está llevando consigo a un grueso número de profesionales que para ejercer en otros países deben presentar su documentación legalizada de acuerdo al Convenio de La Haya. “El apostillado permite el reconocimiento de un documento de un país en otro país. Los Estados firmantes del convenio parten de la buena fe de que tal documento se otorga de acuerdo a las normativas de cada administración pública de los Estados y por tanto no son objeto de falsificación, en cuyo caso también puede demostrarse”, afirma Martínez.