El Gobierno venezolano abrió el proceso de inscripción en el Sistema Nacional de Ingreso de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (SNI OPSU), con el que se espera ingresar 344 mil bachilleres a las universidades venezolanas. No obstante, el 64% de los cupos serán para las carreras prioritarias vinculadas a los 18 “motores” de la Agenda Económica Bolivariana. Además, de acuerdo al lugar de residencia de los aspirantes, el Ministerio de Educación Universitaria decidirá a cuál institución de educación superior se enviará a los estudiantes.

Si bien la plataforma permite a los bachilleres escoger la carrera y la universidad al momento de la inscripción, las experiencias recientes dan cuenta de que no hay garantía de cupo según la selección que hicieron los bachilleres en el SNI. En 2022, las principales denuncias contra la OPSU fueron por la exclusión de estudiantes con altas calificaciones y la asignación arbitraria de carreras en instituciones controladas por el gobierno que no fueron priorizadas por los estudiantes en su elección.

En 2023, si los estudiantes optan por una carrera de las universidades no controladas por el oficialismo; si, además, su escogencia no está dentro de las áreas prioritarias del Gobierno o si el aspirante vive en ciudad distinta al lugar donde está la universidad que prefirió, serán pocas las posibilidades de que se respete su voluntad.

El Gobierno reservó más de las dos terceras partes de los cupos para sus “carreras prioritarias”, varias de las cuales se imparten en las universidades oficialistas, que, al igual que el resto de las instituciones del sector público, tienen serios problemas de infraestructura agravados por la sostenida precariedad de las condiciones sociolaborales de sus profesores y trabajadores. Desde el comienzo de la pandemia 87% de los estudiantes de las universidades oficialistas recibe clases por WhatsApp y 6 de cada 10 estudiantes asegura no recibir soporte ni acompañamiento en el desarrollo de sus actividades virtuales, un porcentaje superior al presentado en las instituciones no contraladas por el Gobierno.

Dos experiencias desalentadoras

Olga y César (omitimos sus nombres reales para evitar represalias), de 24 y 27 años de edad, respectivamente, cursaron unos años de la carrera de Medicina en la sede de la UCS de San Carlos, en Cojedes. Ambos jóvenes abandonaron sus estudios porque sentían que lo que se les enseñaba no era lo esperado de un profesional de la salud.

“Nosotros por la mañana veíamos prácticas en el módulo de Barrio Adentro y luego en la tarde teníamos que ir a la Universidad a ver clases. Pero ocurría que, si el profesor no almorzó, no iba, y pues no se daba la clase; que, si el profesor estaba de posguardia, pues no iba, y no se daba la clase. Aparte, precisamente, el profesor que nos colocaron era, prácticamente, una persona de mi edad. Y él era muy pana… entonces uno le decía, ‘ay, mira, yo te entrego el trabajo tal día y ah bueno, chévere. Ay mira, profesor, doctor, no traje el trabajo, ah bueno, bien…’, afirma Olga.

César señala que hubo varias irregularidades mientras estuvo en la UCS. “Estábamos aprendiendo en el CDI, en el espacio de la óptica y anteriormente había una clase en la morgue; esos son cuarticos de 4 por 4 metros donde estábamos 75 estudiantes. Un dato curioso: en premédico de los 75, 49 no habían aprobado, pero los pasaron. ¿Y el que se mató estudiando, qué pasó ahí? Nadie sabe”, afirma.

Otro de los señalamientos que hace el joven es a la manera de impartir clases a través de materiales audiovisuales. “Eso era vídeo y aprende, video y aprende, dicen que es política de la Universidad y yo me pongo a indagar a ver los reglamentos y en ninguna parte dice que tenga que ver clases por video orientadora. Eso es solamente, si el estudiante lo solicita para aprender más de cómo se ve un cuerpo humano, como se ve una operación en medio proceso. Pero no, puro por video orientadora desde el primero hasta el último año”.

Ante la pregunta de si tenían que participar en actividades proselitistas, César recuerda que cuatro o cinco veces al año se les obligaba a ir a marchas oficialistas. “Si… hay que ir a Caracas y a San Carlos… teníamos que ir a juro, sí o sí… Lamentablemente, fui a varias, pero después no quise ir más y me rasparon dos materias por haber hecho eso”, aseguró.

Prioridad a las aspiraciones del Gobierno

La política de asignación de cupos según el territorio donde viva el solicitante y las carreras prioritarias (174, según el libro de oportunidades de la OPSU), fue desarrollada en la gestión de la anterior ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena. La actual ministra, Sandra Oblitas, aseguró que los cupos para los bachilleres se otorgarán “de acuerdo a sus aspiraciones, necesidades y las del Estado”.

Los que no quieran formarse según los planes oficiales ni tengan cómo pagar una matrícula en las universidades privadas, esperarán quedar en el 36% de cupos restantes, un escenario que prevé más desigualdades para el resto de universidades autónomas y “semiautónomas” que durante la pandemia han venido denunciando sus múltiples precariedades. El Monitor del Observatorio de Universidades (Monitor OBU), registró 866 denuncias de violación de sus derechos económicos (301), sociales (546) y políticos y civiles (19), desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta abril de 2023.

Una de las áreas prioritarias para el Gobierno es Ciencias de la Salud, pero si alguien de Tinaquillo, por ejemplo, quiere formarse como médico en la Universidad de Carabobo (UC) o en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), lo más probable es que quede asignado a la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez (UCS) en el estado Cojedes. Las instituciones de educación superior controladas por el oficialismo no han logrado la permanencia de su matrícula, pese a su insistente narrativa de calidad educativa. Los jóvenes de los sectores populares y zonas rurales son los más afectados porque el cupo en estas universidades no es garantía de desarrollo profesional.