Sobre la base de las cifras recogidas por el Monitor del Observatorio de Universidades en 2022 (#MonitorOBU), se presentan cuatro escenarios para el sistema de educación superior venezolano en 2023:

• • Conflictividad por el reconocimiento de los derechos labores.
  • Tensiones por la defensa de la autonomía universitaria.
  • Esfuerzos para preservar la garantía de la calidad académica.
  • Aumento de la desigualdad y exclusión educativa.

Conflictividad laboral

En el año 2022, #MonitorOBU registró 78 protestas en el sector universitario: 7 de cada 10 fueron lideradas por los gremios de docentes, trabajadores y personal de servicio. De igual forma, 33% de las denuncias hechas en el sector fueron sobre las violaciones a los derechos laborales.

El recrudecimiento de la política de ajuste y la disminución del gasto público, expresados en la aplicación del instructivo Onapre y el fraccionamiento del bono vacacional, generaron una respuesta de calle continua en los universitarios y otros actores del sistema educativo.

Para 2023, el gobierno no muestra intenciones de revertir su política contra las instituciones de educación superior. El presupuesto presentado para el año en curso es insuficiente y menor, por ejemplo, que el del Ministerio de la Defensa.

“Las universidades no controladas mantienen un déficit mayor al 97%. Simultaneo a ello, el Ejecutivo proyecta un discurso de supuesta mejoría, crecimiento económico y estabilidad macroeconómica que no representa cambios en las precarias condiciones de vida de los universitarios venezolanos, que son los más pobres de América Latina y el Caribe” aseguró el director del OBU, Carlos Meléndez.

Meléndez afirmó que la “repolitización de los antagonismos” entre los trabajadores y Estado a partir del primer semestre de 2022, ha configurado una sinergia entre diferentes actores de la administración pública que ha provocado una protesta masiva y simultanea en diferentes estados del país, algo que no se había visto desde 2019 en las manifestaciones lideradas por líderes y partidos políticos. “Esta tendencia seguirá presente y los universitarios, incluso de las instituciones manejadas por el partido de gobierno, se incorporarán en las actividades reivindicativas”, dijo.

Las tensiones por la autonomía universitaria

En 2022, el 22% de las denuncias realizadas en las instituciones educativas fueron por la vulneración de la autonomía universitaria. En relación con 2021, hubo un aumento de 6 puntos porcentuales en este tipo de reclamos según los datos de #MonitorOBU.

En el año que finalizó, afirma Meléndez, se afianzó una práctica de intervención por medio de algunas refacciones en las instalaciones académicas a través de alcaldías, gobernaciones e instancias paralelas creadas por el Poder Ejecutivo. “Eso puede continuar. En lugar de asignar recursos a los consejos universitarios para la autogestión y mantenimiento de infraestructura, otras instituciones aparecen como ‘salvadoras’ de la universidad”.

También, seguirá latente la amenaza de designación de autoridades en algunas instituciones experimentales, en detrimento de los derechos políticos conquistados por estas universidades en los años noventa del siglo XX.

“Sin embargo, los actores políticos dentro de las universidades no controladas por el Gobierno mantendrán posiciones contrarias a la intencionalidad de vulnerar su autonomía. En 2022, se dieron tres procesos electorales exitosos en la Universidad Central de Venezuela, algunos sectores comenzaron a presionar a las autoridades para que se presente un cronograma electoral para renovarlas, eso se mantendrá en 2023. El desafío será hacer respetar los derechos políticos, en la UCV y en el resto de instituciones educativas”, aseveró Meléndez.

Esfuerzos por la calidad académica

“En 2022, registramos 244 denuncias de violaciones de los derechos de los universitarios, 34% de ellas fueron por el daño de la infraestructura, un aumento del 44% en este tipo de reclamos con relación con 2021. Esa realidad va a continuar, la infraestructura tangible e intangible que garantiza la calidad, no podrá mejorarse sin recursos. A pesar de ello, los grupos perseverantes en mantener abierta a la universidad, seguirán en su cometido”, recalcó el director del OBU.

Por un lado, seguirá manifestándose la vocación de algunos docentes y trabajadores tratando de llevar sobre sus hombros la educación para las nuevas generaciones y por el otro -ante la ausencia del Estado-, continuarán las iniciativas de autogestión dentro de algunos recintos universitarios para mantener la infraestructura, medio compensar los salarios a través de capacitaciones y algunas revistas científicas que seguirán en pie. Los resultados de este esfuerzo serán más exitosos en las instituciones autónomas que en las no autónomas que representan 8 de cada 10 en el país.

“Entre los desafíos para 2023 están la continuidad académica en el marco del conflicto laboral, aprovechar las herramientas tecnológicas de los regímenes semipresenciales y reflexionar continuamente en las facultades, decanatos, escuelas y programas para buscar soluciones a las vicisitudes que supone la cotidianidad en una institución en emergencia”, aseveró Meléndez.

Aumento de las desigualdades

El cuarto entorno que el OBU vislumbra, es el incremento de las desigualdades para la población más vulnerable. En 2022, algunas universidades privadas del interior del país tuvieron una deserción de más de 20% en su matrícula. “En 2023, ante la desproporción del dólar con respecto al bolívar y el riesgo de regreso a la hiperinflación, veremos que muchos estudiantes no podrán proseguir sus carreras. En las públicas, hay un desnivel porque se aumentan las inscripciones, pero disminuye la prosecución. Si bien muchos tienen interés en continuar su formación, en la práctica, la mayoría tendrá que trabajar para mantenerse”, enfatizó Meléndez.

“Las instituciones privadas deben aplicar mecanismos de flexibilización de pagos, mientras que las públicas deberán promover una atención integral con el apoyo de las instancias de bienestar estudiantil. No obstante, estos esfuerzos no serán suficientes para detener la exclusión de un porcentaje importante de jóvenes”, concluyó el profesor Meléndez.