El reciente anuncio de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), referido a su preocupación por “el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica”, se produjo días después de una inesperada exigencia del Ministerio de Educación Universitaria a las autoridades de las instituciones de educación superior.

El Gobierno ordenó a las universidades que entreguen evidencias de que efectivamente su personal ha laborado durante la pandemia en forma presencial o en la modalidad de teletrabajo. El ministerio dio plazo hasta el domingo pasado al mediodía para el envío de los documentos probatorios.

En su declaración, la CIDH manifestó que la presión del Ejecutivo en contra de las universidades autónomas -que tiene varios años- “podría generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarias y funcionarios de las universidades con posiciones críticas hacia el gobierno”

El documento agrega la deplorable situación de los trabajadores del sector en materia salarial y de seguridad social, así como la exclusión de los gremios independientes en las reuniones sobre la contratación colectiva que está imponiendo el Ministerio con apoyo de sindicatos oficialistas.

Podría haber sanciones contra administradores del personal

El comunicado del ministerio dirigido a las universidades cita unos artículos de la Ley de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal en los que se expresa que “los administradores que incurran en irregularidades en el manejo de estos fondos (públicos) serán sometidos a las acciones resarcitorias y sanciones previstas en esta ley”.

Desde que el Gobierno declaró el estado de alarma en marzo de 2020, se suspendieron las actividades presenciales en las aulas y otras instancias administrativas, salvo en seguridad y otros servicios esenciales. El Ministerio de Educación Universitaria presentó en ese entonces el plan Universidad en Casa, cuya efectividad ha quedado en entredicho, dados los permanentes cortes eléctricos y las limitaciones técnicas y financieras de los profesores para trabajar a distancia.

Sin vacunas ni recursos

Vale acotar que la mayoría de trabajadores de las universidades no han sido vacunados (según las propias autoridades, hasta junio solo 11 % de la población total del país había sido inmunizada) y que en el caso de los docentes, como revela la encuesta virtual del Observatorio de Universidades (OBU), aplicada en los 24 estados del país, el 62 % de ellos no contó con servicio eléctrico continuo durante 2020. Igualmente, 95 % de los profesores dijeron que no tienen plantas eléctricas en sus casas.

En cuanto a las aulas virtuales que debería garantizar el Estado, 51 % de los profesores no tuvo este tipo de servicios en sus universidades. En el caso de la región nororiental, 71 % de ellos no contó con entornos virtuales de aprendizaje en sus universidades. Además, la mayoría de las casas de estudio a nivel superior tienen caída su página web debido a la falta de presupuesto para el mantenimiento.

Los profesores se pronuncian

La Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ) lamentó en un comunicado en su cuenta en Instagram que el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, se haya hecho eco de la exigencia del Gobierno.

A su entender, el contenido de la circular del rector, “amenaza no solo el derecho a la protesta salarial que ha emprendido la FAPUV (Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela) a través de las distintas resoluciones de su Junta Directiva durante la pandemia, sino también amenaza la decisión de cada profesor a sumarse a ese derecho.

Por otro lado esta petición de la autoridad universitaria, desconoce la realidad de los docentes quienes son una población vulnerable, demostrado por distintas instituciones y ONG como @AulaAbiertaVE  y @OBUniversidades, que han reportado las carencias de recursos económicos, tecnológicos y de condiciones medio ambientales que existen tanto en los hogares de los docentes como en los campus universitarios”.

“Si las autoridades de LUZ y de otras universidades entregan esta solicitud, serán los responsables de la suspensión del salario de pobreza extrema de docentes activos que no han laborado durante la pandemia, por resoluciones de la FAPUV y por la compleja situación humanitaria que atraviesan”, dice el comunicado de la APUZ.