El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, como parte de su programa Universidad en Casa, implementado cuando se declaró el estado de alarma por la pandemia, ha iniciado una “jornada de consulta” en todo el país acerca de la “educación multimodal, segura, supervisada y controlada” con la que espera reactivar las clases presenciales en las instituciones académicas en el mes de octubre.

Según el cronograma establecido por el Gobierno, entre el 1 y el 2 de septiembre debió darse un debate entre estudiantes, profesores, trabajadores y autoridades en todas las entidades, cuyos resultados deben presentarse en una plenaria nacional el día 4 de este mes. Según el Ejecutivo, para este día los representantes de universidades públicas y privadas, y las organizaciones oficialistas Arbol, Ftuv y Fveuv darán a conocer el resultado del referido “debate nacional”.

Diversos factores juegan en contra

No obstante el apresurado cronograma para tan importante tema, las circunstancias en las que se encuentra el país por la falta de combustible para el traslado de personas, las condiciones de la infraestructura y equipos de las universidades que han sido objeto de hechos vandálicos, además del incremento del número de personas contagiadas con el coronavirus, generan dudas entre los miembros de la comunidad académica acerca de la posibilidad de reiniciar actividades académicas de manera presencial, como espera el Gobierno.

Según las autoridades, las clases deben empezar en una primera etapa con el modelo a distancia en el mes de septiembre y al mes siguiente, se adoptará la “educación multimodal” bajo el esquema de 7×7, es decir, siete días de clases en línea por siete días de presencialidad para aquellas asignaturas de contenido práctico que requieran actividades en laboratorios y talleres. De igual manera, el Ministerio “procurará” el acondicionamiento de “aulas universitarias digitales” municipales a las que deben asistir estudiantes y profesores que no tengan acceso a Internet en su lugar de residencia.

Para llevar a cabo lo que ha previsto el Ejecutivo en lo que se refiere a las clases presenciales, cada persona deberá llevar su tapabocas, antibacterial y jabón, aunque no especifica el cronograma oficial cómo se trabajará donde no existe el servicio de agua o en aulas y laboratorios cuyas áreas no permitan el distanciamiento físico que establecen los organismos de salud como medida preventiva de contagio de la COVID-19.

La desinfección de espacios y la bioseguridad no son suficientes

En cuanto a las condiciones de las plantas físicas, el Ministerio de Educación Universitaria anuncia un procedimiento de “bioseguridad en el marco de la Gran Misión Venezuela Bella y del plan Universidad Bella”, así como la desinfección de espacios y la activación del transporte universitario. Servicio que, al igual que el de comedor, dejó de existir en gran parte de las universidades mucho antes de la pandemia. Hasta el mes de julio se registraron 173 hechos delictivos en contra de las universidades, de acuerdo a los datos recogidos por el Monitor del Observatorio de Universidades (OBU), pero las cifras de denuncias se han incrementado en lo que va de extensión de cuarentena.

Los gremios profesorales, laborales y estudiantiles que son independientes como la Federación de Profesores Universitarios (Fapuv) o la Federación de Centros de Estudiantes (FCE), han hecho varios cuestionamientos al llamado del Gobierno a reanudar las clases de manera presencial en medio de la pandemia que se extiende progresivamente y sin las condiciones mínimas de seguridad.

Entre otras razones, sus voceros dudan que el Gobierno pueda dotar de los equipos y vestimentas adecuadas para garantizar la salud de estudiantes, docentes y empleados, muchos de los cuales son más vulnerables. Quienes viven en zonas foráneas o a largas distancias de las sedes de sus universidades tendrían menos oportunidades para formarse que los que puedan desplazarse hasta las instituciones.

El otro gran problema para el reinicio a clases son las precarias  condiciones de vida en que se encuentran profesores y trabajadores, cuya alimentación ha desmejorado considerablemente como muestran las encuestas del OBU. En la última de ellas, se refleja que una gran parte de quienes laboran en las instituciones académicas comen menos de tres veces al día y padecen de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión, lo que los convierte en una población de alto riesgo si se llegara a implementar un sistema de clases presenciales como aspira el Ministerio.

Los representantes profesorales de las universidades autónomas y experimentales UCV, UCLA, UPEL, LUZ y USB han ratificado que no hay condiciones en el país para el reinicio de clases “ni presenciales ni a distancia”, tanto por su situación salarial (5 dólares mensuales en promedio), como por la falta de equipos y conectividad a Internet. En su programa, el Ministerio anuncia “mejoras socioeconómicas” para los trabajadores, aunque la contratación colectiva está vencida desde hace dos años.