Las jornadas de trabajo de los estudiantes de medicina -de pre y posgrado- en los centros de salud en Venezuela son extenuantes en la mayoría de los casos. Y son ellos quienes deben afrontar situaciones difíciles cuando los familiares de los pacientes esperan a que sean atendidos.

Son recurrentes los casos como el de Francis Lameda, residente de posgrado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), a quien la fiscalía del Ministerio Público le imputó el delito de “omisión de atención médica”.

El fiscal de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó en su cuenta de Twitter que Lameda, quien presta servicios en el Hospital Pediátrico de Barquisimeto, está señalada de desatender a una niña que había sido presuntamente víctima de abuso sexual.

Antes de la publicación del tuit de Saab, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y fiscalía se trasladaron al hospital para constatar que era el lugar que aparece en un video viralizado en redes sociales. Una vez en allí, los funcionarios deciden trasladar a Lameda en un vehículo no oficial para que rindiera declaración en la sede del organismo.

Luego, los funcionarios regresaron al Hospital Pediátrico y pidieron revisar la lista de los casos atendidos durante el día en el que presuntamente se filmó el video. Escogieron el que Saab publicaría posteriormente en su red, el de la niña presuntamente abusada y dada de alta con autorización de autoridades del gobierno en horas de la mañana. El video se filmó en la noche y no hay evidencia de que tenga relación con la menor.

La realidad no reconocida por las autoridades

Según el Observatorio de Universidades (OBU), 82 % de los estudiantes de posgrado de medicina y enfermería en Venezuela ha evidenciado episodios de violencia por parte de familiares o pacientes.

De igual manera, en la Enobu Salud 2020 se refleja que el 38 % de los médicos residentes de posgrado dijo haber recibido amenazas de alguna autoridad del centro de salud en el que presta servicios. El acoso laboral o actitud hostil por parte de los directivos fue afirmativo para 61 % de los residentes.

A los niveles de indefensión se suman las consecuencias del contexto delictivo. Los residentes de posgrado son, en mayor medida, las víctimas de robos (23 %), hurtos (21 %), amenaza de lesión (19 %) y amenaza de muerte (12 %).

El eslabón más débil de la cadena

Casos como el de la estudiante de posgrado Francis Lameda, quien queda bajo régimen de presentación a los tribunales de Barquisimeto, evidencian quiénes están más expuestos a la hora de determinar la responsabilidad de la precariedad institucional. Cuando esta recae sobre los más débiles del eslabón del sistema de salud, se contradice la justicia.

Por orden constitucional, el Estado está en la obligación de dotar de insumos y medicamentos, mantener debidamente la infraestructura de los centros hospitalarios y garantizar salarios dignos al personal, a fin de no sobrecargar a los pocos que aún trabajan en estos espacios, como sucede con el 48 % de los residentes de posgrado que señalaron un aumento de la carga laboral durante la pandemia.

El director del OBU, Carlos Meléndez, dijo que la manera en que el Gobierno trata mediáticamente casos como el de Lameda busca deslastrar de sus responsabilidades a quienes tienen el poder y además criminalizar a quienes no tienen la culpa de los males en las instituciones.

“La manera en que se presentan los casos como el de esa estudiante de posgrado y otros que hemos visto, tiene la intención de descontextualizar los hechos. La ‘espectacularización’ del proceso judicial promovida desde el Ministerio Público y otras instituciones del sistema de justicia penal genera unas condiciones mediáticas que favorecen las violaciones de derechos.  Hay allí una falta procesal, sin elementos probatorios para la detención, las causas que publicó el Fiscal en redes sociales no resultaron comprobadas, y tampoco hubo denuncia de la madre de  la niña. La sociedad debe estar atenta para no ser presa de esas estrategias informativas que buscan distorsionar los hechos y que no permiten ver la realidad con su diversidad de factores”, dijo el profesor Meléndez.

“Es un problema institucional, de carácter general en salud, en la justicia, la educación, alimentación. Individualizando, culpando a los últimos en la cadena, los más débiles, se esconde la realidad. Es una práctica autoritaria endosar a los residentes las causas de la crisis sanitaria que ellos no han generado; la verdad es que son ellos quienes sufren más amenazas de las autoridades, de los pacientes, de los  familiares de estos, y además, son víctimas de la inseguridad”, destacó Meléndez.