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La conflictividad entre los universitarios y el Gobierno amenaza con extenderse en 2022

La conflictividad entre los universitarios y el Gobierno amenaza con extenderse en 2022

En 2021, el monitor del Observatorio de Universidades (#MonitorOBU) registró 180 denuncias sobre violaciones a los derechos de los universitarios publicadas en plataformas informativas y redes sociales de los líderes gremiales, estudiantiles y autoridades de las casas de estudio.

Cada dos días hubo una denuncia sobre las condiciones y funcionamiento de las universidades públicas venezolanas. Estuvieron concentradas en los derechos sociales (88%), derechos económicos (11%), y en menor medida, por derechos políticos y civiles ( 1%).

Dentro del grupo de manifestaciones sobre derechos sociales, 56% fueron sobre la inseguridad en las universidades públicas; 21% por daños de la infraestructura y 7% sobre el agravio a terceros en las casas de estudios.

Sobre la inseguridad, las universidades más afectadas fueron la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En total se contabilizaron 85 hechos delictivos en 11 instituciones públicas.

Cuatro acciones de calle al mes durante 2021

En el mismo monitoreo realizado por #MonitorOBU, se identificaron un total de 53 protestas durante 2021, es decir, cuatro acciones de calle al mes por la reivindicación de derechos sociales, económicos, políticos y civiles.

El 83% de las protestas fueron protagonizadas por representantes estudiantiles, 13% por el gremio docente y 4% por sindicatos de personal administrativo y de servicio. Casi la totalidad de estas actividades fueron realizadas por representantes de las instituciones de educación superior (IES) que no son controladas por el Gobierno y en la mayoría de los casos se trataron de actividades tipo “pancartazos” (32%) y concentraciones de calle (12%).

Protestas pese a la COVID-19

Las restricciones de la movilización por la pandemia estuvieron presentes durante 2021. La suspensión de las actividades presenciales en los distintos niveles educativos fueron un obstáculo para las luchas reivindicativas. En octubre, el Ejecutivo anunció el regreso a la presencialidad en las aulas. No obstante, hasta ahora, la gran mayoría de la población universitaria está trabajando desde casa.

En la encuesta sobre participación y derechos universitarios realizada por el OBU en 2021, se evidenció que 79% de los estudiantes no participa en ningún movimiento, club o grupo organizado dentro de sus casas de estudios. Pese a ello, el movimiento estudiantil universitario promovió ocho de cada 10 protestas que se llevaron a cabo por la defensa de derechos de los académicos el año pasado.

El liderazgo representado en su mayoría por las federaciones de estudiantes universitarios de las instituciones autónomas y experimentales no controladas por el Ejecutivo, continuó con sus luchas en el segundo año de la pandemia.

“No hay razones para pensar que esta situación va a cambiar en el mediano plazo. Nuestra encuesta demostró que 60 % de las familias de los profesores menores de 39 años de edad viven con un ingreso inferior a los 30 dólares al mes. Esto atenta contra la sustentabilidad de las instituciones de educación superior y junto con otros problemas muy graves, seguirá marcando la agenda de la conflictividad en lo que sigue”, dijo el director del Observatorio de Universidades, el sociólogo Carlos Meléndez.

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