En el foro “El trabajo en la relación Estado sociedad, ingresos y prestaciones sociales de los universitarios” debatieron durante más de tres horas un grupo de especialistas de la Universidad de Carabobo (UC) y de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv), que ofrecieron un minucioso análisis de la realidad salarial del profesorado venezolano.

El encuentro fue organizado por el vicerrectorado académico de la UC, y en él participaron representantes de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, el Observatorio de Universidades (OBU), el grupo de Pensamiento Universitario, y el Laboratorio de Investigaciones y Estudios del Derecho al Trabajo.

El profesor Héctor Lucena, de la escuela de Relaciones Industriales de la UC y exdecano de estudios de Posgrado de la misma universidad, destacó que el autocratismo en Venezuela no reconoce la autonomía de los representantes laborales ni de los universitarios.

“Hay fallos en la institucionalidad, típico de los estados autoritarios, y una pérdida de centralidad en el trabajo”.

Lucena llamó la atención sobre los altos porcentajes de pobreza, la reducción de la población económicamente activa y los bajos niveles de la tasa de sindicalización.

“Las relaciones de trabajo pasaron del pluralismo al unilateralismo, ya no hay diálogo tripartito. Hace falta un contrato social para recuperar el estado social y de derecho, y a la vez rescatar a las universidades”.

Tres de 92 cláusulas de la convención colectiva hablan de salarios 

Napoleón Goizueta, profesor titular de esta casa de estudios y director de las maestrías en Derecho al Trabajo y Administración del Trabajo y Relaciones Laborales, recalcó en el foro de la UC la importancia del salario y de las prestaciones sociales, “las joyas de la corona” para los trabajadores.

El jurista habló de la crisis agravada desde 2018 con un estado de emergencia económica que se alarga, y del carácter “nulatoro” de las convenciones colectivas como la del sector universitario.

En 1982, recordó el profesor Lucena, con las normas de homologación se establecía la indexación salarial (artículo 13), pero eso se perdió.

“Al desconocer a las autoridades universitarias y a la Fapuv ya no hay convención colectiva. Se fijaron los sueldos a través de tablas salariales pírricas. En 2020 y 2021 se agravó la situación laboral y la calidad de vida de todo el sector universitario, hay pérdida de la seguridad social y pobreza extrema”.

La IV Convención Colectiva Única impuesta por el Gobierno tiene 92 cláusulas y de ellas solo 3 están referidas al tema salarial.

“Se incorporan elementos y conceptos ajenos a la materia laboral. El Ejecutivo decide cuánto van a ganar los trabajadores, la cláusula 67, parágrafo 5 dice que los salarios serán revisados cada tres meses, cosa que no se ha hecho desde la firma del convenio en julio de 2021. En la cláusula 87 se habla de restituir el valor de las prestaciones sociales, pero se las comió la inflación en la reconversión de los conos monetarios y solo se indica que se van a hacer gestiones. El 1° de marzo, se declaró la defensa del bolívar frente a la guerra económica y el petro como figura de anclaje, todo eso se ha quedado en aspiración. Ni el salario ni las prestaciones sociales cumplen hoy su función, es una situación muy grave”, enfatizó Goizueta.

Fapuv: “Volvimos a los tiempos de la colonia”

Keta Stephany, secretaria de Fapuv, reiteró que en la universidad ya no se perciben salarios y que llegamos a los tiempos de la colonia en los que no se cobraba por enseñar en la universidad debido a que ser profesor era un prestigio. Con la naciente República llegaron los primeros emolumentos gestionados por el doctor José María Vargas ante el Libertador Simón Bolívar para los pocos docentes que había entonces.

“Hay actualmente una “desalarización” que también llevan a la pérdida de las prestaciones sociales. En 1958, con la Ley de Universidades, se abrió la posibilidad de que los salarios se negociaran entre las asociaciones de profesores y las autoridades de cada universidad a través de actas convenio que aprobaban los consejos universitarios. Luego vinieron las Normas de Homologación que acabaron con eso, pero ahora, como ya no hay salario, volvimos a los tiempos de la colonia, pero sin el prestigio de esa época”.

Para Stephany, la autonomía es la que da la cualidad de patrono a la universidad y hay que recobrarla. Recordó que en 1976 se aprobó el Fondo de Jubilaciones y el Régimen de Jubilaciones.

Tres propuestas de acciones legales contra el Gobierno

Iván Darío Pérez Rueda, profesor de pre y posgrado la UC en el área del derecho, recordó que desde el artículo 19 al 118 de la Constitución de la República se consagran los derechos de los ciudadanos. Puntualmente, el 118 establece que el Estado protegerá los sistemas de cajas de ahorro de los trabajadores.

No obstante, desde que se inició el proceso de violación de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), que está en la obligación de proteger y dar estabilidad a la moneda nacional, vino el decaimiento de los medios de resguardo del ahorro.

Pérez Rueda afirmó que solo en la caja de ahorros de los docentes de la UC, el daño patrimonial a la fecha en que se hizo el foro (14 de diciembre de 2021) es de 300 mil millones de bolívares, según el presidente del Instituto de Previsión Social de los profesores.

“Hay víctimas de los hechos, hay una responsabilidad objetiva que es del Estado; se le han quitado al bolívar 14 ceros con los convenios cambiarios entre el BCV y Finanzas. Son unos desaguisados que le han causado daño al venezolano y por supuesto a las cajas de ahorro de los trabajadores universitarios”, destacó.

Pérez Rueda afirmó que hay tres maneras de enfrentar este problema, según lo que dicen la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código Penal.

“De acuerdo con el artículo 26, se puede demandar a la República y al BCV a través de la Sala Político Administrativa del TSJ por daño patrimonial. Una segunda vía es por medio de la Sala Constitucional con una demanda de protección de derechos e intereses colectivos para que cese el daño, y un tercer recurso sería intentar la denuncia en la fiscalía del Ministerio Público del delito de apropiación indebida calificada, previsto en el Código Penal” explicó el jurista.

A continuación, el foro completo: