La agenda mediática del mes de agosto estuvo marcada por el rechazo de los gremios estudiantiles al tratamiento que el Gobierno central ha dado a la crisis de las universidades públicas. En la Universidad Central de Venezuela (UCV), un grupo de jóvenes mostró una enorme pancarta con la frase “Venciendo la sombra” para protestar por los trabajos de restauración que una comisión designada por la administración de Nicolás Maduro lleva adelante sin la consulta a la propia comunidad de esta casa de estudios acerca del tipo de labores y el presupuesto de esas obras.

“Somos conscientes del daño que le ha hecho el régimen durante 20 años a nuestra universidad, una supuesta comisión no es necesaria para arreglarla- ¿Qué comisión cuando no apruebas el presupuesto y los profesores no tienen salario digno? ¿Qué pretenden con esta farsa? No se puede solo recordar a la UCV cada 20 años o cuando viene un proceso electoral. Acá no necesitamos ninguna comisión especial sino que cumplan con la Constitución y aprueben el presupuesto justo”, dijo al portal Versión Final el dirigente estudiantil Sebastián Horesok.

Los miembros de la Federación de Centros de Estudiantes (FCU) denuncian que estos trabajos de restauración son intentos por “politizar la universidad y hacer campaña”. A mediados de agosto, unos alumnos fueron intimidados por unos particulares que los obligaron a desalojar de un espacio al que asistieron personeros del Gobierno.

Los representantes estudiantiles dijeron que no se están tomando en cuenta los detalles de la infraestructura que requiere un tratamiento especial porque es un patrimonio. En los pasillos -donde solo deben circular personas a pie, como recomienda el Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV- se ve maquinaria pesada transitando sobre el piso.

Cuestionan la exclusión en el subsidio de transporte

En Barquisimeto, los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) mostraron su desacuerdo al anuncio del Gobierno de excluir del subsidio de transporte a los alumnos que no estén inscritos en el sistema Patria, donde se estaría llevando un registro de datos para tal fin.

La medida fue anunciada por la administración de Nicolás Maduro a principios de agosto. Juan Carlos Escalona, líder del movimiento Unexpo Somos Todos, cuestionó la imposición oficial que busca el control político aprovechando la necesidad de los estudiantes, en lugar de implementar un programa que beneficie al total del alumnado, cuya data está en las propias listas de la Unexpo.

Escalona lamentó que el mismo gobierno que privó a los estudiantes del beneficio de transporte universitario hace algunos años, sea el que ahora imponga a los alumnos la inscripción en la plataforma Patria para que obtengan el “Ve ticket” con el que pagarían el precio del pasaje subsidiado a los conductores.

En la Universidad de Oriente (UDO), los miembros de la Confederación de Centros de Estudiantes de Venezuela (Confev) hicieron un recorrido por esta casa de estudios para constatar el estado de abandono en que se encuentra.

La UDO está entre las más afectadas por las acciones del hampa en los últimos años. Los asaltos se producen de manera constante y en sus aulas ya no hay ni pupitres porque la delincuencia está arrasando con lo poco que queda en pie. José Monasterios, miembro de la Confev en representación de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, lamentó la indiferencia del Gobierno que niega un presupuesto justo para las instituciones de educación superior.

Reclaman sus derechos

Simón Urbina, integrante de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (FCU-UCLA), dijo que se mantienen en pie de lucha en la defensa de sus derechos y la recuperación de los beneficios de comedor y transporte. Urbina aspira que las próximas generaciones de bachilleres tengan las mismas oportunidades que tuvieron otros para hacerse profesionales de calidad.

Los miembros de la FCU de la Universidad de Los Andes también piden que se mejoren las condiciones de la infraestructura de su institución, que se paguen salarios dignos a sus profesores y trabajadores, asignación de becas sin tintes políticos y aplicación de las vacunas «anti covid» para toda la comunidad académica, informó Joel Zerpa, presidente adjunto de la Federación al Diario de Los Andes.

En la región oriental, la impotencia ante la falta de respuestas a sus inquietudes, ha obligado a varios estudiantes de las universidades Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), UDO, IUTA y UPTJAA a plantearse la creación de un “parlamento universitario”, a fin de buscar soluciones que no dependan de terceros.

“Las diferentes violaciones a la Ley de Universidades, además de las acciones tardías de los encargados del Ministerio de Educación, nos han llevado a buscar alguna alternativa que brinde frutos al estudiantado. Queremos evitar la imposición de los rectorados académicos y de los entes administrativos de las universidades”, informó a los medios del estado Anzoátegui, José Martínez, representante estudiantil de la UGMA.

En otra información periodística, Martínez manifestó su preocupación por la baja en la calidad educativa en el contexto de la pandemia. “No es lo mismo estar en el aula de clases recibiendo la información, que hacerlo desde casa, a través de una computadora o teléfono. Allí entran en juego otros factores como una conexión a internet estable, o la incertidumbre de que en cualquier momento se pueda ir la luz”, dijo al portal El Tiempo de Anzoátegui.