Los estudiantes venezolanos rechazan que el Gobierno central llame al retorno a clases presenciales, desatendiendo las condiciones en que se encuentran las universidades y quienes hacen vida en ellas.

Solo en materia sanitaria, la última Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Universitaria en Venezuela del Observatorio de Universidades (OBU), publicada en septiembre de 2021, da cuenta de que 95 % de la población estudiantil no ha sido vacunada.

Gabriel Díaz, miembro de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, afirmó a mediados de septiembre que en esta institución no hay posibilidad de volver a las clases debido al deterioro de las instalaciones y a que los alumnos fueron excluidos del plan de vacunación. Díaz afirmó que era “una locura” someter a la población a un contagio colectivo de coronavirus.

Otro aspecto importante es el contexto en el que el Gobierno espera que se retornen las clases. En la UPEL Maracay, solo funciona una de las seis unidades de transporte que tienen asignadas. Los buses están parados por falta de repuestos y neumáticos. Además, la delincuencia ha desmantelado buena parte de las aulas, oficinas y el comedor.Según Lubisay Hernández, subdirectora de la institución, más de 80% de las instalaciones están sin electricidad.

Servicios básicos: piedra de tranca

En la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes exigieron al ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, que atienda la crisis del sector y que se aboque a la solución de los problemas de los servicios de agua, electricidad, transporte y conectividad a internet.

En una rueda de prensa llevada a cabo en la plaza del rectorado, los integrantes del movimiento Todos por la Educación, expresaron su necesidad de volver a las aulas, pero con condiciones mínimas.

El representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCV, Jesús Mendoza, manifestó que ante las fallas de los servicios de electricidad e Internet que dejaron una mala experiencia desde que se declaró el estado de alarma en marzo de 2020, es preferible migrar a la semipresencialidad.

Para Mendoza, la agenda de la comunidad universitaria está enfocada en cuatro aspectos clave: servicios públicos, salarios de los profesores y trabajadores, infraestructura y  nivelación académica.

El subsidio al transporte no es la solución

En Barquisimeto, Jesús Suárez, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, dijo a los periodistas de El Impulso que las condiciones en las que se encuentran las unidades de transporte y la política de pasaje estudiantil implementada por el Gobierno, no permiten un retorno normal de actividades.

A su entender, medidas como la del código QR para el subsidio del precio del pasaje no solucionan el problema porque la crisis del transporte nacional es de carácter general y no tiene sentido cargar a los dueños de los buses con esa responsabilidad.

El líder estudiantil señaló que los alumnos que viven en zonas foráneas estarán más afectados, pues no tendrán cómo pagar el pasaje para trasladarse desde su lugar de residencia hasta Barquisimeto y Cabudare, donde están concentradas las sedes de los ocho decanatos de la UCLA.

“Nosotros salimos a diario a nuestra ciudad y el transporte está colapsado, la falta de gasolina y las unidades que están dañadas, esto no soluciona el problema, porque hay temas más de fondo que deben ajustarse, como garantizar rutas de transporte y tarifas acordes”, dijo Suárez.