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El patrimonio cultural universitario a merced de la arbitrariedad oficialista

El patrimonio cultural universitario a merced de la arbitrariedad oficialista

Para el Observatorio de Universidades (OBU), la sustracción inconsulta de la escultura de María Lionza de los espacios de la Universidad Central de Venezuela y el posterior uso que se ha dado de ella en actos oficiales, es otro hito de una sucesión de arbitrariedades del Gobierno en torno a esta obra, propiedad de esta casa de estudios y que forma parte del patrimonio de la ciudad de Caracas.  

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), admitió la denuncia de hurto por parte de la Dirección de Mantenimiento y Seguridad de la UCV, pero no procedió la investigación porque, al parecer, se trató de una decisión de alto nivel. No bastó la sustracción de la obra de los espacios de la Universidad, sino que el Gobierno inauguró una plaza en el estado Yaracuy con la estatua original de María Lionza, contraviniendo una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica que la obra es propiedad de la UCV.       

La pieza, que según la comisión presidencial que adelanta varias obras en la UCV estaba en “situación de abandono”, había sido efectivamente restaurada por especialistas en uno de los galpones de la Universidad, luego de que se desplomara su parte superior en 2004. No obstante, tras la reparación no fue llevada a la autopista del Este o Cacique Guacaipuro, porque la Alcaldía de Caracas (en manos del oficialismo desde el año 2000), no atendió el llamado que en reiteradas oportunidades le hizo la Universidad para que se regresara el pesado monumento al sitio donde estuvo entre 1964 y 2004.

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El 6 de junio de 2004, la estatura se partió en dos dejando el torso delantero de la imagen de la diosa con dirección al cielo.  Durante décadas, la obra del escultor Alejandro Colina lució imponente en uno de los islotes de la entonces autopista Francisco Fajardo, hoy Cacique Guaicaipuro. Muchas personas dejaban ofrendas florales en el monumento que, aunque perteneciente a la UCV se constituyó en parte de la memoria urbana de Caracas.

Freddy Bernal inició la politización de este patrimonio de la UCV       

En noviembre de 2003, el Consejo Universitario -atendiendo las recomendaciones del Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV (Copred) ante el daño que se evidenciaba en la pieza-, acordó que se le trasladara para su “rescate y restauración” a la puerta número 5 de la Universidad. Los trabajos se harían con el apoyo técnico y financiero de la Fundación para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas (Fundapatrimonio, ente adscrito a la Alcaldía de Caracas), y bajo supervisión de la Copred. El organismo paramunicipal debería colocar nuevamente la estatua en la autopista una vez que se reparara. A la decisión de la Universidad, propietaria de la obra, se negaron el presidente de Fundapatrimonio, Gustavo Merino y el alcalde Freddy Bernal.

Cinco meses antes de que se fracturara la estatua, Fundapatrimonio inició sin el consentimiento de la UCV unas obras de vaciado en el pedestal de la obra (que ya mostraba deterioro) para que fuera trasladada a la plaza Los Museos y en su lugar dejar una réplica. El mandatario local politizó el caso y enfiló sus baterías en contra de la Universidad.           

La UCV interpuso una acción de amparo constitucional ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital para que se paralizaran las obras que unilateralmente inició Fundapatrimonio. El Juzgado falló a favor de la UCV en febrero de 2004 y los abogados de Fundapatrimonio apelaron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que reconoció la propiedad de la UCV de la escultura, declaró procedente la acción de amparo de la Universidad y ordenó a Fundapatrimonio abstenerse de movilizar la obra.

Al poco tiempo de la decisión del máximo tribunal, la estatua cedió y Bernal endosó a la Universidad Central de Venezuela la responsabilidad de lo sucedido. Atendiendo el mandato del TSJ, la Universidad llevó la estatua partida al galpón que se acondicionó para su reparación, como de hecho ocurrió. No obstante, en 2005 Bernal inauguró una réplica de la pieza en el mismo lugar donde estaba la original, que ese año ya había sido reparada por los expertos de la comisión encabezada por Fernando de Tovar Pantín.

Desde entonces, tanto Bernal como los alcaldes chavistas que le sucedieron se negaron a trasladar la escultura original de Colina desde la UCV hasta la autopista. Las autoridades de la UCV y la Copred han señalado que en 2011, 2013 y 2015 se enviaron oficios a la Alcaldía para que fuera reubicada la obra en la autopista, pero no fueron respondidos.      

Un llamado de alerta

El arquitecto Pablo Molina, director de la Copred, dijo al Observatorio de Universidades (OBU) que un grupo de restauradores con permiso del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), pero no de la UCV, comenzaron el trabajo de encofrado y después sustrajeron la escultura.

“La decisión del TSJ es que la obra tiene que estar en la autopista y así lo asumimos. La UCV no recibió ninguna petición de organizaciones para que donara su patrimonio o para que la obra fuera llevada a un sitio particular para su adoración. No teníamos ni tenemos ningún interés en mantenerla en el galpón. Eso es patrimonio de la ciudad de Caracas, de hecho, ya hay organizaciones que están reclamando porque se la llevaron a Yaracuy”, explicó Molina.

Por otra parte, el director del OBU, Carlos Meléndez, ve con preocupación lo que está ocurriendo con el patrimonio universitario. “Se abre otra puerta para que cualquier organización o colectivo, con la aquiescencia del Estado, disponga de los bienes de las casas de estudio, violando su autonomía, la propiedad intelectual y física de las instituciones”

A juicio de Meléndez, las universidades autónomas de todo el país tienen que estar muy alertas. El ejecutivo aprovecha el interés genuino por recuperar la planta física de las universidades y en el marco de las negociaciones, en las que promete solventar los problemas que ocasionó por incumplir con sus obligaciones constitucionales, deja abiertas posibilidades para que grupos internos cometan actos como el del 03 de octubre.”, dijo Meléndez.

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