El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria cierra el año 2020 sin resultados en materia de planificación y gestión del sector académico del país. En un contexto de depauperación de las condiciones de vida,  trabajo y estudio de quienes hacen vida en las universidades, sobre todo en el sector público, agravado por la pandemia cuyas consecuencias finales aún están por verse, la sustentabilidad de la universidad venezolana sigue amenazada por una lenta agonía de la que podrá escapar si el contexto económico, social y político presenta cambios que permitan el retorno de la democracia y del normal desenvolvimiento institucional.

Cuando se declaró el estado de alarma en mazo de 2020, el ministro César Trómpiz anunció la activación del plan Universidad en Casa, con el que se esperaba garantizar la prosecución de los estudios a través de plataformas electrónicas cuyo funcionamiento depende de la conexión a Internet. No obstante, de acuerdo con los reportes del Monitor del Observatorio de Universidades, entre los meses de mayo y noviembre nada se dijo en las cuentas oficiales del Ministro ni de la cartera que representa respecto de cómo avanzaba el referido plan.

Si se toman en cuenta los cortes eléctricos intempestivos que a diario se producen en Venezuela, sobre todo en el occidente y norte del país, más el hecho de que, de acuerdo con la encuesta sobre las condiciones de la educación virtual en Venezuela (Enobu Virtual 2020), 84 % de los profesores y el 72 % de los estudiantes consideran que el servicio de internet es lento o muy lento, la posibilidad de éxitos del referido programa gubernamental luce remota.

Tabletas descontinuadas que no permiten encuentros sincrónicos

El plan Universidad en Casa volvió a ocupar la agenda oficial cuando en noviembre se anunció la entrega de unas tablets Canaima a los docentes universitarios con el fin de impartir clases de manera virtual. Estos dispositivos son del año 2013 y no permiten el uso de plataformas como Zoom para los encuentros sincrónicos entre docentes y estudiantes.

En el gremio profesoral no hay información suficiente acerca de cómo actualizar las tabletas, ya que, al parecer, se requiere la instalación de unos driver que deben hacer expertos en la materia. Los costos de la actualización, denominada “rooteo”, de la que aún no se tiene certeza de su efectividad, varían entre los 20 y 30 dólares. Para un docente con un salario que no supera los 3 dólares al mes y que no tenga conocimiento sobre como “rootear” su tablet, resulta poco probable la realización de clases virtuales con estos equipos.

Los docentes universitarios tendrían que utilizar 10 meses de su salario para poner a funcionar las tablet que el Ministerio entregó durante el último trimestre.

Los siete vértices no dan los resultados esperados en la universidad venezolana

Por otra parte, el pasado 16 de diciembre el ministro Trómpiz aseguró durante la sesión del Consejo Universidades la aprobación de 11 programas de pos grado y de 3 carreras de pregrado considerando las áreas de salud, industria, alimentación, educación y tecnología para el “crecimiento y la soberanía del país”. Varias de esas solicitudes de nuevos planes de estudio hechas por las universidades públicas y privadas tenían años de espera por la autorización oficial.

El Ministro recordó la estrategia de los “siete vértices” para el “reimpulso” de la universidad venezolana. Entre ellos, están los planes Universidad en Casa y Universidad Bella para la ornamentación y mejoramiento de la infraestructura de las casas de estudio a nivel superior.

Hasta ahora, las condiciones en que se encuentran las plantas físicas de las universidades venezolanas, sobre todo las autónomas y las que escogían sus autoridades hasta 2010, son lastimosas. Basta con recorrer las instalaciones de la UCV, LUZ, UCLA, ULA, UNELLEZ, UPEL, USB y la UDO para corroborarlo.

El Ministro también dijo que “más de 35 mil estudiantes” han participado en la batalla por la salud contra la COVID-19 en el país. El Observatorio de Universidades levantó una encuesta nacional sobre las condiciones de trabajo y estudio en las escuelas de medicina y enfermería de ocho universidades de la República (Enobu Salud 2020), para conocer su funcionamiento en el contexto de la pandemia.

Se consultó la opinión de estudiantes y profesores de pre y posgrado de ambas carreras que están incorporados el Sistema Público Nacional de Salud prestando servicios en hospitales, ambulatorios y “centros centinela” donde se atienden a los pacientes contagiados con el coronavirus.

Al respecto, los resultados de la Enobusalud 2020 son preocupantes: A 62 % de los profesores y estudiantes integrados al Sistema Público Nacional de Salud no se les dota de mascarillas y a 64 % de ellos no se les suministra guantes de protección.

El 51 % de ellos no ha recibido ningún tipo de protección contra el coronavirus por parte del Gobierno. Para el momento de que se publicó la encuesta, en noviembre pasado, el 25 % de los fallecidos por COVID-19 en Venezuela eran médicos, la tasa más alta en América Latina. Varios de ellos eran docentes universitarios.

El sociólogo Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, no cree que la situación de la universidad venezolana cambie en el corto o mediano plazo.

“Se ha afectado considerablemente a la academia. La sistemática asfixia financiera que desde 2012 mantiene el Gobierno contra las universidades ha dejado graves consecuencias. Hay daños cuya reparación va a tomar mucho tiempo, no se trata solamente de las lamentables condiciones salariales y de trabajo. Las condenas a los allanamientos a las universidades son insignificantes si se les compara con el perjuicio propinado a las casas de estudio durante más de una década. La recuperación institucional será de largo aliento”, dijo el profesor Meléndez.