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Coronavirus agrava precariedad de condiciones para la docencia y el aprendizaje en salud en Venezuela

Coronavirus agrava precariedad de condiciones para la docencia y el aprendizaje en salud en Venezuela

El Observatorio de Universidades (OBU) presentó su más reciente encuesta, la Enobu Salud 2020, dedicada a las condiciones de trabajo y estudio de profesores y alumnos de las escuelas de medicina y enfermería de Venezuela en el contexto de la pandemia del coronavirus.

La medición fue hecha con los miembros de las comunidades académicas de las escuelas de ciencias de la salud de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de los Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) y la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG).

El sociólogo Carlos Meléndez Pereira, director del OBU, presentó a la opinión pública los resultados de la Enobu Salud 2020 en los que se da cuenta de la realidad de los centros asistenciales del país donde profesores y estudiantes de pre y posgrado forman y se forman como profesionales de la medicina y la enfermería.

La pandemia llegó a Venezuela en medio de la emergencia humanitaria compleja que desde hace años afecta al país y entre sus muchas dimensiones, desnuda la grave crisis del sector salud que golpea a la población más vulnerable, situación de la que no escapa el personal sanitario que los atiende.

En total se aplicaron 1.120 encuestas a profesores y estudiantes que prestan servicios en 106 establecimientos, a saber, hospitales, ambulatorios y centros “centinelas” ubicados en 17 estados del país. La información fue levantada entre los meses de julio y agosto de 2020.

Las variables abordadas fueron los universitarios de la salud ante la coyuntura de la salud; condiciones de agua, saneamiento básico e industrial; condiciones de riesgo en el lugar del trabajo o estudio; condiciones de seguridad; la organización del trabajo en los establecimientos de salud; condiciones extralaborales; condiciones individuales; condiciones de la carga física y mental; y recursos tecnológicos.

Insuficiencia de mascarillas, guantes y trajes

El profesor Carlos Meléndez destacó las fallas en la provisión de insumos como el líquido antibacterial, batas, mascarillas (N95 o FFP2), gafas o protector facial, guantes, y en el acceso al agua para el lavado de manos en los centros de salud.

Cuando se les preguntó si en su lugar de trabajo se le suministraba estos materiales de protección, 51 % dijo que no recibía ninguno. Sólo el 38 % tiene garantizada la mascarilla; y el 35 %, los guantes, ambos recursos son esenciales para la prevención del contagio

La Enobu Salud 2020 refleja que 70% de los alumnos de pregrado que se forman en los centros asistenciales no recibe ninguno de los insumos señalados para evitar el contagio de la COVID 19. En el caso de los estudiantes de posgrado, solo el 28 % cuenta con trajes de protección, mientras que solamente a 41 %, se les dota de lentes. Con respecto a los docentes, 86 % no tiene trajes de protección aportados por los responsables de los establecimientos de salud.

En lo que respecta a la formación sobre las normas para evitar el contagio cuando se trata a pacientes con coronavirus, 46% de los encuestados dijo no haber recibido entrenamiento alguno. Solo 21 % dijo que sí ha sido suficientemente adiestrado. Para el trato de pacientes con COVID 19, el 51 % de los profesores y estudiantes dijo que tampoco fue capacitado.

Un porcentaje alto de los estudiantes de posgrado (58% ) que está en los establecimientos “centinela” aseguró que su carga de trabajo aumentó desde la llegada de la pandemia. En contraste, 37% de sus pares en los hospitales y ambulatorios coincidió en esta afirmación. Hay que considerar que la presión laboral se da en un contexto en el que debido a la pandemia y a las dificultades de movilización, 85 % de los alumnos de pregrado no está asistiendo a los centros de salud en los que se están formando. De igual manera, solo 3 % de los consultados tiene Internet de manera permanente en los centros de salud en los que se desempeña profesional y académicamente.

No hay preferencias para surtirse de combustible

Otro detalle llamativo de la Enobu Salud 2020, es que 55% del total de profesores y estudiantes de medicina y enfermería dijo que no han podido surtir sus vehículos de gasolina de manera preferencial.  Solo 3 % dijo que sí lo había logrado, mientras que 14 % de los encuestados manifestó que no usa transporte particular para acudir a los centros de salud.

En lo que se refiere a condiciones de higiene y saneamiento básico e industrial en los centros donde prestan sus servicios, 85 % de los encuestados dijo que no existen insumos para la limpieza; 69 % aseveró que no hay lavamanos y 59% afirmó que no existen contenedores para los desechos. Cuando se discriminan los tipos de establecimientos, el 100% de los estudiantes de pregrado y el 91% de los de posgrado, contestó que no hay artículos de limpieza en los “centinelas”. En hospitales y ambulatorios, coinciden con esta afirmación 81% de los alumnos de pregrado y 72% de los de posgrado.

El 31% del total de los profesores y estudiantes consultados dijo que nunca se recibe agua en los centros donde prestan sus servicios; 29 %, afirma que llega  dos o tres veces a la semana y apenas 21 %, respondió que todos los días cuentan con el vital líquido. “Con esta precariedad aumentan los riesgos de contaminación que son generados por las propias condiciones físicas de pacientes y trabajadores, así como por el funcionamiento de ciertos equipos y actividades que requieren del servicio continuo de agua”, recalcó el profesor Carlos Meléndez.

Para 66% de los consultados en la Enobu Salud 2020 hay fallas en el servicio eléctrico y 80 % dijo que la iluminación es insuficiente. Igualmente, 39 % de ellos respondió que las plantas eléctricas funcionan con intermitencia y 11 % aseguró que no existen plantan, pero que son necesarias. Según 81 % del total de profesores y estudiantes, no hay sistemas de ventilación y 39 % certificó que los frascos recipientes de las sustancias químicas no están etiquetados.

Tienen miedo de ser víctimas de la violencia

En cuanto a la posibilidad de ser víctimas de algún tipo de hecho delictivo, 25 % de la población abordada dijo que nunca se siente seguro en los establecimientos de salud, mientras que 32 % aseguró que muy pocas veces están seguros. El delito más común para el 18%, es el robo (con violencia física o verbal) y para el 15 %, el hurto.

Cuando se les preguntó si han vivido algún episodio de violencia por parte de un familiar de pacientes, 61 % dijo que sí y 39% lo negó. Cuando se le planteó la misma interrogante a los estudiantes de posgrado con respecto a los últimos 6 meses, 82 % dejo que sí, al igual que 60 % de los profesores y 52 % de los alumnos de pregrado.

Por otra parte, 57 % del total de la población universitaria encuestada dijo que hay falta de reconocimiento a su labor por parte de las autoridades de los establecimientos de salud y 3 1% aseguró que ha recibido algún tipo de amenazas de sus supervisores, mientras que 32 % aseveró que no tiene libertad de opinar sobre las condiciones de trabajo y estudio. La presión para los estudiantes de posgrado es mayor que en el resto de los grupos: 43 % de ellos afirma que ha sido objeto de acoso laboral o actitud hostil por parte de sus supervisores.

Docentes y estudiantes agradecieron que se evidenciara la realidad de las universidades

Al finalizar la presentación de los datos tomó la palabra la doctora Liliana Rojas, profesora de la escuela de Medicina de la Universidad del Zulia.

La poca incorporación de los estudiantes de pregrado a los centros de salud es un reflejo de las carencias a las que estamos sometidos. El adiestramiento para atender la pandemia es insuficiente, el desconocimiento de los protocolos de bioseguridad nos deja desprotegidos. De por sí es escaso el personal sanitario, sino se les cuida, esto va a empeorar.

El doctor Pedro Fernández, docente de la Universidad de Los Andes, valoró la medición levantada por el OBU.

Este estudio ratifica lo que veníamos anunciando desde hace tiempo, lo que podría pasar y está pasando. Hace cuatro años iniciamos una cruzada para denunciar que la emergencia humanitaria compleja la íbamos a vivir. No se tomaron las previsiones y ahora estamos en estas condiciones que refleja la encuesta Enobu Salud 2020. Las universidades están ahogadas en presupuesto, y a eso se suma la diáspora de profesionales de la salud, la Federación Médica Venezolana ha dado cifras abrumadoras, podemos sobrepasar en el año 2021 los 100 mil profesionales que van a abandonar el país. A ese personal que se está formando le quedan dos posibilidades: o se van o se quedan en estas condiciones.

Fabián Chacón es estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela y es uno de los voluntarios que se ha sumado al apoyo a los residentes y profesores en la atención de pacientes infectados por el coronavirus. Para él, es un problema la calidad de la formación de los médicos comunitarios en las universidades bolivarianas que ha creado el Gobierno.

Como hay atraso en las graduaciones y en la incorporación a los internados, habrá vacantes en los hospitales y ambulatorios. Me genera miedo que el Ejecutivo haya anunciado a través del plan José Gregorio Hernández que va a otorgar puestos de trabajo a más de 200 mil médicos integrales comunitarios, aprovechando la coyuntura. También nos preocupan los datos de la proyección sobre la pandemia, vendrá una segunda ola de casos, así va a quedar el país.

El profesor Carlos Meléndez presentó las conclusiones de la Enobu Salud y reconoció el empeño de los académicos de seguir en pie pese a la grave crisis.

Los universitarios del área de la salud hacen un enorme esfuerzo para cumplir, no solo con sus labores académicas sino con el servicio a la sociedad venezolana. Pese a las precarias condiciones, estudiantes y profesores siguen dando respuestas a la grave crisis sanitaria. Este esfuerzo se realiza con enormes riesgos y otros factores limitantes de una educación de calidad, un derecho establecido en la Constitución de 1999.

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