La última convención colectiva de los trabajadores universitarios en Venezuela está vencida desde hace más de un año. Además, los reivindicaciones socioeconómicas allí planteadas evidencian un rezago en materia de derechos conquistados por el personal docente, administrativo y obrero en su larga historia gremial.

En la cláusula 1, numeral 8, se afirma que esta convención (enero 2017-enero 2019) tiene la intención de mejorar las anteriores “para darle un tratamiento justo y humanitario a las condiciones de trabajo y de vida de quienes laboran y prestan servicio en el sector universitario”. Las condiciones de precariedad alimenticia y de salud en que se encuentran quienes aportan su capacidad intelectual y física en las casas de estudio a nivel superior en el país, refutan tal aseveración.

Las condiciones de vida de los trabajadores se han agravado en los últimos años en Venezuela. En medio de la pandemia y con una hiperinflación acumulada de varios años, son más vulnerables quienes están malnutridos y los enfermos crónicos, como en este caso, la mayoría de los amparados por la referida convención colectiva.

La encuesta más reciente elaborada por el Observatorio de Universidades (Enobu 2019) en el estado Lara sobre cómo se alimentan los profesores, administrativos y obreros de las instituciones de educación superior del país, ofrece datos preocupantes en este sentido. De los obreros, 77 % dijo que come igual o peor que el año pasado, que fue muy duro para casi el total de la población, mientras 17 % dijo que nunca consume carne.

En lo que a personal docente y administrativo se refiere, los datos de la Enobu 2019 reflejan que en ambos sectores el 85 % afirma que comen igual o peor que el año anterior, mientras que 73 % de los profesores y 74 % de los administrativos, no come proteína animal diariamente. Si los salarios no alcanzan para comer decentemente, menos para atender la necesidad de adquisición de medicinas para pacientes crónicos (34 % profesores, 31% administrativos, 34 % obreros) o la posibilidad de recibir atención médica como ocurre con 60 % de los obreros que tiene más de un año que no se hace un chequeo médico o examen de rutina.

Convención colectiva vigente no incluye a trabajadores de autónomas

La actual convención es la tercera que unifica a los tres sectores -docentes, empleados y obreros, por imposición del gobierno desde 2013- y fue suscrita por una sola organización, la oficialista Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Ftuv, en la que no están representados los trabajadores de las universidades autónomas ni de varias de las universidades experimentales. En la primera convención de 2013, aparecen como firmantes otras seis federaciones como Fetraeusuv, que no es pro gobierno y que afilia al personal de 56 casas de estudio.

Más que una decisión autónoma de los trabajadores para escoger sus representantes ante el patrono, parece privar la voluntad de quien controla las instituciones. La Ftuv como “federación signataria” y sus “sindicatos adherentes debidamente legalizados”, según la definición de términos de la III convención, tienen el reconocimiento oficial porque antes los había designado el Ministerio del Trabajo como legítimos representantes de la mayoría. Según la III convención, los gremios “deberán contar con la cualidad y requisitos exigidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y su reglamento, cuyo cumplimiento deberá constar ante las instancias administrativas correspondientes de las instituciones de educación universitaria”.

La cláusula 3 de la última convención podría explicar por qué se excluyó a las federaciones no oficialistas. Dice así: “En el marco de la refundación de la patria y en la práctica de construir al hombre nuevo, se conviene la participación activa de las trabajadoras y los trabajadores universitarios para cimentar un diálogo nacional que permita sentar las bases de un accionar ético, moral y de valores en las instituciones de educación universitaria, que direccionen la triada Universidad-Estado-Sociedad en la construcción de una cultura científica socialista bolivariana, para elevar la conciencia ciudadana en pro de la máxima felicidad social, en consonancia con los lineamientos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y de la Ley del Plan de la Patria, Segundo ‘Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación’ 2013-2019″.

Fátima Dos Santos es la presidenta del Sindicato Único de Empleados Administrativos de la Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre (Unexpo), que está afiliado a Fetraeusuv. Ella participó en varias de las discusiones de las contrataciones anteriores, pero desde la última convención, el Ministerio del Poder Popular Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología no reconoce la representación de las organizaciones no controladas por el oficialismo, así que su gremio no tiene voz ante el patrono.

“Desde hace tiempo se reúne una minoría afecta al gobierno y con ellos es que se acuerda el destino de miles de trabajadores. Aprueban algunas cláusulas, pero eso no es una convención colectiva, son pañitos de agua tibia que al final se convierten en letra muerta porque no se aplican. El último acuerdo fue hace unos 10 meses, pero no hicieron seguimiento de eso. Antes, como gremio, teníamos contacto con el personal técnico de la Oficina de Planificación para el Sector Universitario, ahora estamos a la deriva. El seguro del Ministerio cubre en HCM 1 millón 500 mil bolívares, ¿qué se puede hacer con eso en una clínica?”, se pregunta Dos Santos.

Tercera convención desmejoró beneficios

La mengua en los beneficios socioeconómicos se evidencia en la disminución de las cláusulas de la III convención colectiva. La I convención (enero 2013-enero 2014), tiene 110 cláusulas, mientras que la III convención sólo tiene 43. La cláusula 47 de la I convención establecía que a todos los trabajadores se les debía costear la totalidad de los costos de medicamentos que requerían. En la III convención este derecho tiene un límite de 2.000.000 millones de bolívares, según el cono monetario anterior a la devaluación ocurrida en 2018.

“En la Unexpo laboran unas 3 mil personas entre obreros, empleados y profesores que están en todo el país. Casi 60 % de los trabajadores se ha ido porque los salarios están muy deteriorados, ganan más en un condominio como vigilantes o en una empresa de limpieza, mientras que el ministerio les paga 800 mil bolívares mensuales, que alcanzan para comprar un cartón de huevos y 300 gramos de queso. La nómina se ha reducido al mínimo, pero además, somos víctimas del hampa. Estamos desprotegidos, nos desvalijaron recientemente tres laboratorios y no podemos mantener los pocos equipos que quedan. No hay baterías de baños porque se las han robado o las han destruido. Los estudiantes protestaron porque les clausuran los baños, eso atenta contra sus derechos. Sólo en Barquisimeto y Carora hay matriculados 2.500 muchachos en las seis carreras. No sabemos qué nos vamos a encontrar cuando nos reintegremos a la universidad”, afirma Dos Santos.

La dirigente sindical conoce casos de profesores que se van a pie a la Unexpo a cumplir con sus alumnos. “Algunos de desmayan en las aulas porque están malnutridos”, asegura Dos Santos.