El Observatorio de Universidades (OBU) publica en su más reciente boletín dedicado a las condiciones de trabajo de los universitarios en Venezuela cifras reveladoras de la crisis que atraviesa este sector. El déficit presupuestario de las instituciones de educación superior autónomas y experimentales -que hasta 2010 podían escoger a sus autoridades- supera el 90 %, lo que limita en grado sumo sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión.

En cuanto a la investigación, 60 % no realiza actividades conducentes al desarrollo científico y humanístico del país, según OBU, fundamentalmente porque no existe una política nacional destinado a tal fin. Lo mismo ocurre con los proyectos de extensión que permitían en otro momento el desarrollo de iniciativas comunitarias, locales y regionales bajo el acompañamiento técnico de la universidad, en 2021 se determinó que 88 % de los docentes no realiza actividades de este tipo.

La universidad se ha limitado a la docencia, pero también la crisis obstaculiza las posibilidades de ascender profesionalmente en las instituciones de educación superior. Solo 29 % de los profesores universitarios de Venezuela está en la categoría titular del escalafón académico.

Para llegar a este nivel, el máximo en la carrera de un docente, se requiere haber desarrollado investigaciones, publicarlas en revistas científicas especializadas, tener título de doctorado, y haber prestado servicios durante 25 años. La compensación por este esfuerzo está lejos de ser justa. La diferencia salarial entre uno y otro nivel consecutivo del escalafón, varía entre los 8 y 12 dólares. El 40 % de los profesionales de la docencia universitaria está ubicado en las dos primeras categorías: instructor (22 %) y asistente (18 %).

En el siglo XXI se ha llegado a un abrupto retroceso en materia de remuneraciones que se remonta a 20 años. En 2001, el sueldo de un profesor en el nivel instructor (el más bajo del escalafón), era de 903 dólares, mientras que el del rango titular ganaba 2.659 dólares mensuales. Hoy, un titular recibe unos 100 dólares al mes, el salario más bajo de los docentes en América Latina y el Caribe.

El 78 % de los profesores no sabe si existen o no tienen bibliotecas digitales en sus universidades. “Esto demuestra un atraso considerable con respecto a sus pares de otros países, ya que estas plataformas aparecen desde hace al menos veinte años como alternativas a las bibliotecas físicas”, dice el boletín del OBU.

El acceso a los servicios básicos fue una de las variables medidas por el Observatorio de Universidades en su encuesta Enobu 2021. Este estudio sirvió de base para el boletín del OBU. En Guayana, el 73 % de los profesores manifestó no tener acceso al agua por tubería de manera continua durante 2021. En el occidente y en la región central, 67 % de los docentes no contaron con el vital líquido permanentemente, seguidos de la región capital con 65% y el nororiente del país con 59%.

En lo que se refiere al servicio eléctrico, en Guayana, donde está la principal central hidroeléctrica del país, no hubo luz de manera continua en los hogares de 74% de los profesores. Por regiones, esta realidad estuvo presente en 68 % de los domicilios de los docentes que viven en el centro; 62 % en nororiente; 61 % en la región capital y 57 % de los que están en el occidente.

El boletín también enfatiza la deserción de alumnos y docentes en el contexto de precarización de las condiciones de trabajo y estudio. “La Universidad de Los Andes (ULA), según datos de su Dirección General de Planificación, informa que entre el 2012 y 2021 la matrícula descendió un total de 29.326 estudiantes, mientras que 1.825 profesores y 1.494 trabajadores administrativos, técnicos u obreros, renunciaron a la institución”.

Entre las reflexiones presentadas en el boletín del OBU se recalca la necesidad de retomar el papel del Estado como garante de un derecho humano consagrado constitucionalmente y su obligación de revertir la situación en que se encuentra la educación superior en el país.

“El Estado venezolano no ha tenido la capacidad de ser un interlocutor efectivo con el sector universitario para encarar la superación de este deterioro. Desde sus órganos rectores no se promueven espacios y programas para que, conjuntamente con las comunidades universitarias, se detenga el deterioro e iniciar procesos de reconstrucción”, se lee en el texto producido.

A continuación el boletín sobre las condiciones de trabajo de los universitarios en el país, que podrá visualizar o descargar libremente.