La realidad de las universidades venezolanas en 2022 se proyecta con un cariz tan o más conflictivo que los años anteriores, habida cuenta de que la crisis multidimensional amenaza con mantenerse y de que no hay voluntad por parte de sus responsables de retomar las riendas democráticas y constitucionales.

El cerco financiero al que somete el Gobierno a las casas de estudios a nivel superior desde hace casi una década se ha sentido con mayor fuerza en esta época de pandemia, lo que ha generado (como se ha constatado en los estudios del Observatorio de Universidades (OBU) un mayor deterioro en la calidad de vida de los universitarios y del funcionamiento de la actividad docente e investigativa.

El OBU presenta a continuación cinco realidades que se mantendrán (y en algunos casos agudizarán) de permanecer las actuales relaciones entre el Estado y las instituciones de educación superior (IES) en Venezuela:

Renovación de autoridades

Uno de los temas de la agenda para este 2022 es el de la renovación de las autoridades en las universidades autónomas y las que hasta 2010 escogían a sus rectores, vicerrectores, decanos y demás instancias de cogobierno.

El desafío para los sectores democráticos es que se hagan elecciones justas y autónomas en todas las universidades, incluyendo las intervenidas hace casi dos décadas, como la Francisco de Miranda (Unefm) en el estado Falcón y la Ezequiel Zamora (Unellez) en los estados llaneros, y el resto del sector oficialista.

No será tarea fácil, porque se agrega en este contexto la amenaza de imposición de autoridades como ocurrió en la Universidad Simón Bolívar en 2021. Sin embargo, el aprendizaje de la realidad electoral en Venezuela debe servir de lección para actuar con unidad dentro de la diversidad, organización y estrategia en la defensa de la institucionalidad educativa.

Brecha entre universidades públicas y privadas

Aumentarán las desigualdades entre las universidades públicas y privadas durante el año académico 2022. Si bien la violación en el acceso a la educación de calidad es generalizada, los estudiantes que puedan pagar sus matrículas en las universidades privadas estarán en ventaja con respecto de sus pares de las públicas y no perderán clases por los conflictos que se complejizan en estas últimas.

Los más pobres tendrán que lidiar con las carencias materiales de las instituciones públicas y la caída de la calidad en el aprendizaje que arrastran desde su formación preuniversitaria.

Salarios de hambre

El ausentismo de profesores, estudiantes y trabajadores se hará sentir tanto por la crisis salarial como por la pandemia. Los sueldos de los profesores rondan entre los 5 y 11 dólares al mes, los más bajos en Latinoamérica y el Caribe, y muchos de los alumnos (que están dentro y fuera del país) deben trabajar en los horarios de clase para garantizar su sobrevivencia y la de su familia.

Convención colectiva al margen de los trabajadores

El conflicto laboral marcará la dinámica de las universidades públicas. El Gobierno y un gremio oficialista impusieron una convención colectiva en 2020 al margen de los representantes de la mayoría de los trabajadores.

La realidad es que las condiciones del trabajo amenazan con agudizarse y ello propicia el ausentismo de empleados, obreros y docentes así como el conflicto entre los gremios que defienden los derechos de sus agremiados y las autoridades que son amenazadas constantemente por el ministerio si no mantienen la permanencia de los trabajadores.

Resiliencia en sector universitario

El funcionamiento de las instituciones de educación superior seguirá siendo posible gracias al espíritu de actores que persisten en mantener las puertas abiertas de las casas de estudio, pese a las circunstancias en que se encuentran. No sabemos cuánto puedan soportar, el envejecimiento de las IES crece y su sostenibilidad disminuye.

Es clave sobre esta realidad insistir en la construcción de redes de apoyo intra y extra universitarias que coadyuven a visibilizar la sistemática violación de derechos que ocurre en el sector y a su vez la búsqueda de soluciones en conjunto para contener la arremetida progresiva en contra de las universidades venezolanas.

El director del OBU, Carlos Meléndez, afirmó que «la sostenibilidad de las instituciones de educación superior debe estar en el centro de la agenda pública, la posibilidad de reconstruir el país, superar la emergencia y alcanzar el desarrollo pasa por el mantenimiento de las universidades. Por ende, los actores políticos, económicos y sociales deben sumarse a la lucha por la educación superior venezolana«.