En el Ministerio de Educación Universitaria se instalaron sendas comisiones para discutir el proyecto de ley de universidades introducido en la Asamblea Nacional elegida en 2020 y los asuntos electorales en las casas de estudio a nivel superior.

Así lo anunció en un programa radial conducido por la profesora Giovanna De Michelle, el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, quien dijo que el lunes 31 de enero se llevará a cabo la primera reunión de la comisión mixta sobre la propuesta de ley diseñada por sectores oficialistas y que en ella participarán también representantes de las universidades autónomas.

La Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Ricardo Sánchez (Gran Polo Patriótico), recibió a la secretaria del Consejo Nacional de Universidades y ex ministra, Yadira Córdova, Lermit Rossel, Fernando Bianco, y a otros miembros de la comisión que promueve el proyecto de ley redactado por el oficialismo.

Más del 90% de los parlamentarios elegidos en diciembre de 2020 (un proceso en el que no participó la mayoría de partidos opositores), respaldan al gobierno de Nicolás Maduro, lo que proyecta la aprobación de una ley de universidades como esperan los creadores del proyecto.

Cada 15 días, aseguró el Secretario de la UCV, se encontrarán los representantes de la Asamblea Nacional, las universidades autónomas y las universidades controladas por el Gobierno. Belmonte también dijo que la ministra Tibisay Lucena informó en el acto de instalación que la comisión tendrá un carácter paritario entre las casas de estudio miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) y las universidades bolivarianas.

Las universidades de Los Andes, de Carabobo, de Oriente y la Católica Andrés Bello y otras privadas fueron incluidas por el lado de la Averu.

“No sabemos quiénes van a estar por ellos (los oficialistas) pero creemos que va a ser un número paritario, tal como lo expresó la ministra en esa reunión, ojalá sea así, para que no haya hegemonía de un sector en concreto”, afirmó.

“Lo que tenemos planteado como UCV junto con las demás universidades autónomas es elaborar nuestros propios argumentos, tenemos proyectos de ley del pasado que podemos reactivar. Hace 20 años, cuando Giuseppe Giannetto era rector, se elaboró uno que fue aprobado por la Averu. Eso se introdujo en la Asamblea Nacional en aquel entonces. Recordemos que hubo otro proyecto del Gobierno que el entonces presidente Chávez rechazó porque no se había discutido suficientemente. Aspiramos que esas palabras que fueron en su momento adecuadas podamos tenerlas hoy como una referencia para que la discusión sea lo más amplia y democrática posible”, dijo el profesor Belmonte.

Una elección de autoridades universitarias es distinta a la de un gobernador

El secretario informó que en la comisión referida a los asuntos electorales participará la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha.

“En el gobierno existe la idea de que la universidad se hace más democrática si se incluyen para los procesos de votación de forma igualitaria a los sectores que no están vinculados con la actividad académica. No nos negamos a que se incluyan (a los trabajadores administrativos y obreros), lo que pensamos es que debe haber predominio de los actores académicos. No creemos que se deba partir de un criterio como si estuviésemos eligiendo un alcalde o un gobernador, donde todos los ciudadanos tenemos derechos por igual. En una academia debe predominar lo académico, como en todas partes del mundo, en España, incluso en países como Nicaragua donde funciona un gobierno parecido al nuestro, es así. La discusión más importante va a ser en qué medida participan en las elecciones y en la conducción de la universidad sectores distintos a los profesores y estudiantes”, destacó Belmonte.

Con respecto a la consulta realizada a finales del año pasado en la UCV sobre el proceso de elecciones, Belmonte aseguró que se debió dar una discusión más amplia y tomar en cuenta lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia al respecto.

“Hay dos sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional según las cuales todo evento electoral en las universidades debe incorporar además de los profesores con escalafón y los estudiantes, a los egresados y a los trabajadores. No podemos evadir esas sentencias, lo que debemos discutir con la comunidad es que si no se hace de esa manera habrá sanciones. Ya hubo una cuando convocamos unas elecciones hace ocho años; se nos dijo y se nos multó por no haber incluido a los sectores que el Tribunal Supremo decidió incorporar. Lo que debemos hacer racionalmente es no colocar a la universidad en una situación difícil, pero tampoco desarrollar las elecciones con ese criterio según el cual cada miembro de la comunidad es un voto. Eso no tiene sentido porque los egresados son muchos más”.