M (omitimos el nombre en resguardo de su identidad) es estudiante de la Universidad Nacional Experimental Martin Luther King de Barquisimeto. En septiembre pasado, M entró a la fase de “iniciación universitaria” en la que debería recibir la capacitación acerca de lo que aprenderá en el Programa Nacional de Formación en Diseño Integral Comunitario. Debido a la pandemia, M cursó el trayecto inicial de manera semipresencial, aunque cree que pudo ser mejor su experiencia.

“Vimos algunas clases de matemática y lengua, pero lo demás fueron materias de actividades políticas en las que teníamos que escuchar a funcionarios y dirigentes que nos hablaban de las misiones del Gobierno, fechas patrias, los candidatos a la gobernación y la alcaldía en las elecciones de noviembre y cosas así. Las asistencias eran evaluadas, si no iba a esos actos, no tenía nota y no podía avanzar para el trayecto 1”, explica el joven.

La familia de M no tiene cómo costear esta carrera en una institución privada y el muchacho quiere ser diseñador, pero le ha tocado estudiar en una universidad pública venezolana en la que priva lo ideológico sobre lo profesional y en medio de unas condiciones de precariedad material tanto de su institución como de sus profesores.

A ello se suma la pandemia del COVID-19, que forzó una modalidad de formación en línea que dista mucho de lo que promovió el entonces ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz y su plan Universidad en Casa en marzo de 2020, como estrategia para la prosecución estudiantil durante la cuarentena.

“Nos mandaban al correo electrónico un cronograma con una tarea. Cuando la entregábamos a los profesores, ellos nos enviaban la evaluación como un mes después, no sabemos si estuvo bien o no lo que hicimos porque todo el mundo pasa (aprueba la materia). La universidad tiene unas sedes prestadas en liceos o escuelas para los que vivimos lejos, pero varias veces los profesores no fueron, nos mandaban mensajes por WhatsApp, uno no aprende así”, afirma M.

Desde que llegó la pandemia, el Ministerio de Educación Universitaria ha implementado una serie de políticas cuyos resultados reales difieren sustancialmente del discurso oficial sobre sus logros. Los planes Universidad en Casa y Universidad Bella, el tema salarial de los profesores y trabajadores, y la insistencia del oficialismo de imponer una nueva ley de universidades soslayando las prioridades de los universitarios, han sido objeto de cuestionamientos por parte de la comunidad académica que siente vulnerados sus derechos y la poca autonomía que queda en algunas instituciones de educación superior.

Plan Universidad en Casa

Cuando se declaró el estado de alarma debido a la pandemia en marzo de 2020, el Gobierno venezolano impulsó el plan Universidad en Casa, con el que según el ministro Trómpiz se trabajaría con clases “100% a distancia”, combinadas con encuentros presenciales de “cada estudiante” con sus profesores.

El temor al contagio ante la falta de vacunación, la crisis del transporte, la inseguridad y las malas condiciones de la infraestructura, impidieron que se llevara a cabo lo anunciado por Trómpiz.

Ese año, el ministerio entregó a los docentes unas tabletas electrónicas descontinuadas (del año 2013) que no permiten el uso de plataformas virtuales como Zoom o Google Meet,  por lo que alumnos y profesores tuvieron que paliar la situación dentro de sus posibilidades. Se generó un proceso de desigualdad entre los que tenían acceso a Internet y recursos tecnológicos para intercambiar información y los que no podían hacerlo.

La encuesta Enobu del Observatorio de Universidades (OBU) del año 2021 refleja que 70 % de los profesores y 77 % de los estudiantes dependió de sus teléfonos inteligentes. El 55 % de los docentes consultados dijo que las tabletas del Ministerio nunca les funcionó para dar clases. El 59 % de los encuestados afirmó que la plataforma que más usó fue WhatsApp y el 52 dijo que se valió del correo electrónico. Para 83 % de profesores e igual porcentaje de alumnos, la conexión a Internet fue considerada de regular a mala.

En las últimas mediciones hechas por el OBU se refleja que actualmente 23 % de los estudiantes de las universidades públicas no se ha reincorporado a sus universidades, es decir, interrumpieron sus estudios superiores durante la pandemia.

Universidad Bella

Otra de las políticas del Gobierno durante la pandemia es el plan Universidad Bella, que arrancó en 2020 con la “desinfección” en varios espacios. El grave deterioro de la infraestructura de las instituciones de educación superior requiere mucho más que el desmalezamiento, pintura de paredes y recogida de basura y escombros, como se está haciendo con este plan en varias universidades del interior del país.

Por otra parte, la falta de recursos para costear los servicios de vigilancia, han convertido a las instituciones en un flanco débil.

A dos años de la declaración del estado de alarma, los registros del OBU evidencian que han ocurrido 240 hechos delictivos, entre hurtos (161), robos (46) y agravios a universitarios por terceros (33), en 11 universidades que aún no controla políticamente el oficialismo. En promedio, desde marzo de 2020 a la fecha, se han hecho cuatro denuncias mensuales sobre el daño a la infraestructura. De las universidades oficialistas poco se sabe por la opacidad con que manejan la información.

En septiembre de 2021, el ministro Trómpiz aseguró que se habían “hecho intervenciones” en 96 casas de estudio con el programa Universidad Bella. En una extraña sumatoria, Trómpiz aseguró en una entrevista en el canal Venezolana de Televisión que se habían “restaurado 898 mil metros cuadrados” en varios espacios, de los cuales 36 mil metros corresponden a pintura, 65 canchas, “además de salones, baños y cada una de las áreas necesarias para la formación integral de los estudiantes”.

En promedio, desde marzo de 2020 a la fecha, se han hecho cuatro denuncias mensuales sobre el daño a la infraestructura que padecen las instituciones públicas no contraladas.

Los trabajos en la Ciudad Universitaria de la UCV (Patrimonio de la Humanidad), en donde efectivamente se llevan a cabo obras de reparación de infraestructura, han sido objeto de cuestionamientos por parte de los especialistas de la propia universidad tanto por la manera en que se están efectuando como por la falta de transparencia en el manejo de los recursos.

Valga decir que, en el resto de facultades de la UCV que están en otros espacios de Caracas y el interior del país, no se han atendido las necesidades de acondicionamiento de las instalaciones deterioradas por falta de mantenimiento y acciones vandálicas.

La materia salarial, otro golpe contra los universitarios y la autonomía

En marzo de 2021, el Gobierno anunció la centralización de los salarios a través de la plataforma Patria en las universidades autónomas y semiautónomas que llevaban a cabo este proceso a lo interno de sus instituciones.

El desplazamiento de las instancias universitarias como administradoras de los sueldos, ha generado, de acuerdo a las mediciones hechas por el  OBU, consecuencias negativas a 97 % de los profesores a quienes se les ha afectado sus derechos laborales.

La firma unilateral de la IV convención colectiva, suscrita en 2020 entre el Ministerio de Educación Universitaria y la Federación de Trabajadores Universitarios controlada por el oficialismo, constituye otra violación a los derechos de los docentes y trabajadores, como reiteradamente lo ha denunciado la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv).

El salario más alto en esa contratación apenas superaba los 11 dólares al mes hasta inicios del mes de marzo de 2022. El monitor del OBU ha computado 112 denuncias de los universitarios referidas a la precariedad de sus condiciones laborales entre marzo de 2020 y febrero de 2022.

Mientras esto ocurre, la ministra de Educación Universitaria y ex presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y grupos oficialistas, están promoviendo una nueva ley de universidades que no responde a las necesidades perentorias de los estudiantes, profesores y trabajadores.

El ministerio ha girado instrucciones a las universidades para convocar a sus integrantes para la creación de un “anteproyecto de ley” y para tratar la materia electoral. Este proceso, cuya temática ya ha establecido el propio ministerio, estará coordinado por unos “consejos estadales de gestión universitaria” (CEGU), controlados por los rectores de las universidades oficialistas.