La tendencia al alza de de la cantidad de madres fallecidas durante el parto, que en 2021 ascendió a 29 % con respecto a 2020, aleja a Venezuela de la posibilidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

En 2021, la razón de mortalidad materna en el estado Lara fue de 144 por cada 100 mil nacidos vivos. El Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) presentó su informe “Desigualdades que matan: La mortalidad materna en Lara”, en el que se demuestra que 74 % de las embarazadas se realizaron menos de ocho chequeos durante el período de gestación y que solo 26 % de ellas cumplieron con el mínimo de controles prenatales que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar complicaciones durante el alumbramiento.

El Informe destaca que la razón de mortalidad materna (RMM) casi se iguala a la de los años 50. Durante el período democrático, los números disminuyeron progresivamente hasta los avances de los programas de descentralización en salud. En 2012, pese al inusitado ingreso de divisas por el alza de los precios del petróleo, la RMM llegó a 80 por cada 100.000 nacidos y en adelante aumentó progresivamente hasta la actualidad.

En el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto se registró el 86% de las muertes maternas ocurridas en la entidad. Las parturientas de los municipios y estados foráneos acuden a este centro de salud ante las limitaciones sanitarias en sus lugares de origen.

Centralización dañina

Para el profesor Jesús Mantilla, demógrafo y estadístico en salud, el crecimiento del número de muertes está asociado al giro de la política pública de centralización del sistema de salud pública con programas nacionales como la Misión Barrio Adentro, que desplazó a los planes de prevención y atención sanitaria que tenían las gobernaciones durante los años 80 y 90 del siglo pasado.

En 2021, la pandemia agravó la situación porque muchos de los “centros centinelas” quedaron rebasados en su capacidad de atención a pacientes con COVID-19 y muchos acudieron al Hospital Antonio María Pineda.

En 2020, la RMM fue de 121,3 por cada 100 mil nacidos vivos, y en 2021 aumentó 29% con respecto al año anterior. En 2018, cuando se hizo la primera medición del Ladeshu, la RMM fue de 102,6; en 2019, 106,2; en 2020, 121,3 y en 2021, 144 fallecidas por cada 100 mil nacidos vivos.

“Sin duda, las mujeres más pobres son las más vulnerables, ya que no contaban con los recursos para realizarse los chequeos y tampoco el Estado les brindó atención en salud sexual y reproductiva. La mayoría de las fallecidas no tenían la edad de riesgo, pero no tenían la protección social para garantizar su vida”, explicó la socióloga Yelena Salazar, directiva del Ladeshu.

Durante 2021, en la entidad se registraron 49 muertes maternas, cuyas causas fueron la hipertensión arterial (51%), complicaciones durante el parto (20 %) y hemorragias o infecciones (14 %). La mayoría de las mujeres fallecidas tenían entre 30 y 34 años de edad.

“Esto representa un aumento muy alarmante porque es el principal indicador de cómo están las políticas del Estado venezolano”, explicó la doctora Mileny Fernández, durante la presentación del estudio del Ladeshu.

Para esta ginecobstetra, docente de posgrado en el Hospital Materno Infantil de San Francisco, estado Zulia, la hipertensión es una patología que se puede controlar en el período prenatal para evitar que la madre se ponga en riesgo cuando dé a luz.

“En la consulta prenatal se puede saber si una mujer es de alto riesgo obstétrico, si puede desarrollar una enfermedad que puede atentar contra su vida. Una acción cardinal es la consulta de la adolescente embarazada; son programas que deben estar auspiciados por el Gobierno, pero si estos disminuyen, el riesgo de muerte es mayor. Si el indicador de RMM aumenta, eso significa que los programas de salud preventiva han disminuido en su eficacia. Este estudio es solo de Lara, ¿se imaginan ustedes esa misma situación en todo el país? Cuando no se atienden los programas de atención primaria de manera debida se tienen estas tristes consecuencias. El componente nutricional es otro problema junto con la educación en salud sexual y la infraestructura de los centros de salud, todo eso le incumbe al Estado. Los médicos no tienen insumos o son muy precarios, la ausencia de  agua, los salarios del personal, son todos aspectos para enfrentar y exigir que se nos atienda”, afirmó la doctora Fernández.

Acentúa la desigualdad

La mortalidad materna es un indicador básico en el desarrollo de una nación. En materia de desigualdad de género es una dimensión de primer orden, porque las mujeres embarazadas y pobres son más vulnerables que otros sectores de la población.

“Vemos que hay 3 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que están comprometidos: el 3, Salud y Bienestar, que establece que la RMM debe ser de menos de 70 muertes por cada 100 mil nacidos vivos; el 5, Igualdad de Género, que indica que se debe tener acceso a la información y servicio de salud sexual y reproductiva; y el ODS número 10, Reducción de Desigualdades, que implica la protección de las mujeres durante la gestación y parto, sobre todo en las zonas rurales. Las muertes de Lara se pudieron evitar durante el parto o el puerperio”, aseveró la profesora Yelena Salazar.

Llama la atención que la tasa de RMM en el estado Lara fue mayor que la de los países de América Latina y el Caribe, salvo Haití, Guyana y Bolivia. Es muy probable que si se hiciera un estudio similar en el resto de entidades, Venezuela ocuparía el primer lugar en la región en materia de desatención para prevenir la mortalidad materna.

La opacidad del Gobierno en materia de cifras sanitarias mantenida desde 2013 responde a la estrategia oficial de ocultar una realidad que delata su inoperancia ante un tema tan delicado, considerando que la mayoría de las mujeres son de estratos bajos y no tienen recursos para costear servicios privados.

«La mayoría de las mujeres provinieron de las zonas rurales y de los estados vecinos. Además había en 2021 problemas de transporte y falta de agua y gas. Todo eso afecta la salud de la madre. La desigualdad de género es propiciada por la ausencia de políticas públicas dirigidas a las embarazadas. Cada vez es menor la posibilidad de acceso a los servicios de salud, la elevada RMM representa el fracaso de las políticas públicas de salud, un área fundamental para el desarrollo humano. A ellas se les vulnera el derecho humano a la salud sexual y reproductiva”, destacó la socióloga Yelena Salazar.