El Observatorio de Universidades (OBU) presentó el Informe Comparativo de los resultados de su encuesta Enobu de los años 2018 y 2019, que recoge el deterioro de la realidad socioeconómica y de funcionamiento de las casas de estudio a nivel superior desde la percepción de los propios integrantes de la comunidad académica.

En la edición de 2018 se pulsó la opinión de profesores y estudiantes, y en 2019 se extendió el espectro de cobertura a los empleados y obreros de todas las universidades públicas y privadas del estado Lara, la entidad con el mayor número de instituciones de este tipo en todo el país.

La Enobu de ambos años presenta indicadores de alimentación, salud, condiciones de trabajo y estudio, seguridad, transporte, condiciones económicas, participación, funciones académicas (investigación y extensión), acceso a la tecnología,  bienestar psicológico y la percepción sobre la coyuntura actual en el país y su universidad.

El director de OBU, Carlos Meléndez, destaca en el informe que la encuesta –diseñada desde las teorías de calidad de vida, el desarrollo humano y la pobreza multidimensional-, valoró los criterios de las Naciones Unidas acerca de las funciones de las universidades: Investigación, Educación, Liderazgo Social, Gestión y Gobernanza.

Igualmente, la encuesta se vincula con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas números 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación de Calidad), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y 10 (Reducción de las Desigualdades).

Los resultados de la Enobu 2018 y 2019, destaca la socióloga Yelena Salazar, dan cuenta de cómo se refleja en el sector universitario la emergencia humanitaria compleja que padece el país desde 2015, agravada por la pandemia del coronavirus y a la asfixia financiera a las universidades del sector público aplicada desde hace 12 años por el Gobierno nacional.

La información de la Encuesta fue levantada en las universidades: UCV (núcleo Barquisimeto), UCLA, UPEL- IPB, UNEXPO, UPTAEB, UNY y UFT, así como en los institutos universitarios IUJO e IUTAJS. En total se aplicaron 734 instrumentos entre octubre y noviembre de 2018 y 1.390 entre octubre y diciembre de 2019, luego de seleccionar las muestras aleatorias para los sectores de docentes, estudiantes, empleados y obreros.

Desmejoramiento en la alimentación y salud

Los integrantes de la comunidad académica tuvieron en 2018 y 2019 una alimentación que no se ajusta a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni del Fondo de Naciones Unidad para la Agricultura y Alimentación (FAO).

En 2018, el 7 % de los profesores comió menos de tres veces al día, mientras que este porcentaje subió a 12 % en 2019. Seis de cada diez docentes percibieron que su alimentación en 2018 había desmejorado con respecto al año anterior, y en 2019, cinco de cada diez consideraban que en este año su alimentación había empeorado con respecto de 2018. Sólo 5 % en 2018 y 9 % en 2019 comieron carne más de tres veces a la semana, esto significa que el porcentaje de educadores que estuvieron en los rangos de la OMS y la FAO, no llegó al 10 %.

En salud, 36 % en 2018 y 34 % en 2019 de los docentes afirmó que padece una enfermedad (hipertensión y diabetes, en su mayoría). En 2018, solo 28 % de los profesores tuvo acceso entre siempre y casi siempre a medicinas, mientras que en 2019, el 79 % de ellos dijo que tuvo dificultades para adquirirlas. Resulta llamativo que en el caso de los que debieron acudir a algún centro de salud, tanto profesores como estudiantes, solo 1 % se dirigió a un centro de salud integral (CDI) de los creados por el Gobierno de Hugo Chávez.

En cuanto al sistema del seguro médico que ofrece el Gobierno para profesores y trabajadores universitarios del sector público, denominado Sismeu, a 21 % de los educadores les rechazaron en las clínicas esta póliza por no tener cobertura suficiente. En lo que se refiere a las condiciones de infraestructura de las universidades, en 2019, el 54 % de los docentes dijo que es un riesgo para su salud.

El transporte estudiantil desaparece

El tema de la movilidad, tan importante para la calidad de vida de las personas, también fue analizado por el Observatorio de Universidades en su encuesta Enobu. Resulta significativo que en las condiciones climáticas del occidente venezolano, 32 % de los profesores en 2018 y 23 % en 2019 se haya trasladado a pie desde su casa hasta la universidad.

La disminución del porcentaje no se debe a una mejora en las condiciones de transporte público, sino a que en 2019 se incrementó el número de prestadores informales del servicio que dispusieron sus carros particulares para tal fin.

El caso de los estudiantes es dramático: mientras que en 2018, el 32 % de los estudiantes consultados se trasladó a pie a su universidad, en 2019 este porcentaje también disminuyó a 23 %. Ambos porcentajes son iguales para profesores y alumnos, pero en el caso del transporte universitario, de 30 % de los estudiantes que lo usaron en 2018, el porcentaje de 2019 se redujo a 16 %, debido a la falta de unidades y las drástica disminución de la partida de providencias que debe asignar el Ministerio.

La violencia cerca a las universidades

El indicador de seguridad de la encuesta recoge la percepción de la comunidad universitaria acerca de cómo la delincuencia afecta las actividades de las casas de estudio analizadas. El 66 % de los profesores y 59 % de los estudiantes manifestaron sentir temor de ser robados en el trayecto a su universidad en 2018.  El 50 % de los docentes y 57 % de los alumnos respondieron afirmativamente a la misma pregunta en 2019.

Los profesores (58 %) señalaron que en 2018 el delito de mayor incidencia en contra de las universidades fue el hurto de aires acondicionados y computadoras, porcentaje de percepción que aumentó a 87 % en 2019. La precariedad de las condiciones de trabajo y estudio se expresa en que 57 % de los estudiantes y 64 % de los profesores dijeron que en 2018 la iluminación de sus aulas era deficiente, porcentaje que se mantuvo igual en 2019 para los profesores, pero que en el caso de los alumnos subió a 65 %.

Los analistas del OBU también señalan que 7 de cada 10 encuestados dijo que los sistemas de aire acondicionado no funcionaron en 2019. Igualmente, en 2018 el 73 % de los educadores y el 62 % de los estudiantes dijeron que los laboratorios estaban en una situación de regular a muy mala. En 2019 el porcentaje de docentes del sector público que respondieron afirmativamente a la misma pregunta fue de 90 %.

Estos resultados están asociados a la falta de recursos para actualizar las instalaciones universitarias del sector público y a la acción del hampa que causa serios daños a la infraestructura.

Rezagados en tecnología

Entre los resultados de las encuestas también destaca el acceso y uso de tecnologías para la educación. El 24 % de los estudiantes dijo en 2018 y 2019 que nunca tuvo conectividad a Internet en sus sitios de residencia, mientras que apenas 17 % de los profesores y 24 % de los alumnos dijeron contar con Internet en sus universidades (públicas y privadas) en 2019.

En este mismo año, cuando se sintió más la necesidad de estudios a distancia, el 17 % de los docentes y el 20 % de los futuros profesionales dijo que nunca les alcanzan sus planes de datos de telefonía inteligente para los 30 días del mes.

“Si a eso se suman las fallas de servicios de Internet y las continuas interrupciones del servicio eléctrico en la región, resulta cuesta arriba pensar que puedan masificarse modalidades de educación a distancia en las universidades de la región centroccidental”, dice el Informe Comparativo de la OBU.

La investigación y la extensión también están en declive

Los niveles de producción intelectual ya no son los mismos en las universidades que en los años anteriores. En 2019, el 51 % de los profesores dijo que no ha publicado un artículo científico en los últimos cinco años y solo 36 % de todos los consultados dijo que sus estudios fueron divulgados en una revista científica indexada y arbitrada. El mismo porcentaje dijo que no había asistido a un congreso nacional o internacional en los últimos tres años.

“La caída de la producción científica en el país ha sido muy profunda, señalando que en 1998 el país aportaba el 5% de la producción científica en América Latina y el Caribe y en 2019 apenas aportó el 1 %” dice el Informe Comparativo, citando un estudio de Scimago Journal y del profesor C. Inojosa.

En cuanto a actividades de extensión, sólo 27 % de los educadores participó en una en 2019. La capacitación también fue escasa y con una caída drástica en menos de un año: en 2018, el 53 % de los profesores dijo que sí habían recibido cursos de sus universidades, pero ese porcentaje disminuyó a 7 % en 2019.

“El contexto que revela la encuesta es que la universidad se ha convertido en un espacio al que se asiste sólo para dictar y recibir clase. Muy pocos profesores están investigando, publicando o desarrollando actividades de extensión, y los estudiantes tampoco están desarrollando proyectos extra cátedra. Estas deficiencias ocasionarán en el corto plazo la pérdida de un espacio vital para la producción de conocimientos, la innovación y la productividad”.

Las condiciones económicas son deprimentes

El salario de los docentes y trabajadores universitarios venezolanos es el más bajo de la región latinoamericana, como han destacado los gremios. En 2018, en promedio un profesor universitario percibía entre 5 y 8 dólares al mes, cifra muy similar en 2019, lo que obligó en este último año a 82 % de ellos a buscar ingresos extras, lo cual contrasta con 28% de los que en 2018 se vieron en la necesidad de recurrir a la misma estrategia. Para 2019, según el Centro de Análisis y Documentación para los Trabajadores (Cenda), la Canasta Alimentaria en Venezuela costaba 241.57 dólares.

En 2018, el 76 % de los profesores dijo que no había podido comprar ropa y calzados en los últimos dos años. Si bien el porcentaje disminuyó en 2019 a 65 % con respecto a la misma pregunta, es más de la mitad de la población que está excluida de tal posibilidad.

“La crisis salarial del docente universitario ha sido la base de la pobreza multidimensional de la que ahora es protagonista. Sus condiciones económicas han devenido en unas condiciones de vida llenas de privaciones que trascienden lo numerológico sin que ello no deje de ser síntesis de su actual circunstancia”, dice el Informe Comparativo del OBU.

En cuanto al bienestar psicológico, 50 % de los profesores dijeron que pensaban abandonar su universidad en 2018, número que apenas se redujo a 48 % al año siguiente. La principal razón son las condiciones de precariedad de vida en que se encuentran. Pese a todo, la vocación de trabajo es alta: 70 % en 2018 y 64 % en 2019 dijo estar satisfecho con cumplir su labor como formador de las nuevas generaciones.

La participación no es atractiva

La encuesta Enobu de 2018 y de 2019 refleja que entre los profesores que participan en partidos políticos apenas en el primer año fue el 7 % y en el segundo, 11%. En cuanto a los estudiantes, el 94 % dijo en 2018 que no participaba actividades políticas, número que se incrementó en 2019 a 96 % de rechazo a tales asuntos.

“Este resultado muestra los altos niveles de desmovilización que existen entre los estudiantes, lo que a su vez devela la poca capacidad del estudiantado para incidir en las decisiones que le competen como miembros de la comunidad universitaria, y a su vez el poco acompañamiento que tienen los lideres universitarios que persisten en sus labores políticas, sobre todo en aquellas universidades donde se ejerce el cogobierno estudiantil”, destaca el Informe Comparativo del Observatorio de Universidades.